(por Andrés Fidanza) Un juez de la Corte puesto por Macri, el vicejefe de gabinete y un poder de lobby multimillonario se cruzan en un expediente judicial. Se trata de una causa sobre la que deberá opinar la propia Corte. Fundada por el ministro coordinador Mario Quintana, la cadena Farmacity busca desde hace años y por todos los medios desplegar su negocio en la provincia de Buenos Aires. Y hace pocos días consiguió llevar su cruzada a la Corte Nacional, con el detalle de que el juez Carlos Rosenkrantz (ya recusado y excusado en la causa) fue abogado de Farmacity. Su estudio, sin embargo, sigue representando a ese tanque de 250 sucursales. Y algo más: la abogada de Farmacity, Andrea Gualde, fue asesora muy cercana de el supremo Horacio Rosatti, cuando era ministro de Justicia.

Farmacity quiere aprovechar su momento de cercanía con el poder. La campaña a su vez incluye golpear la puerta de otro sector del gobierno. En paralelo al intento por entrar a la provincia gobernada por María Eugenia Vidal, la empresa plantea que es víctima desde hace años de una suerte de confabulación entre la industria de los medicamentos (con Roemmers a la cabeza) y las farmacias chicas y medianas, ante la mirada pasiva del PAMI. Con ese argumento, reflotó su queja ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, dependiente de la Secretaría de Comercio (a cargo de Miguel Braun, sobrino del dueño de los supermercados La Anónima), quien pocos años atrás había fallado en su contra.

Este rompecabezas funciona como una metáfora de la zona gris del macrismo, en la que se difuminan las diferencias entre lo público y el privado. El conflicto de intereses es un sello de agua que arrastra la experiencia macrista, y que a su vez se convertirá en una suerte de estigma crítico en su contra, una vez que amaine el handicap mediático y social.

Si bien la ley provincial se lo impide, y ya tres fallos consecutivos rechazaron esa posibilidad (incluido el de la Corte bonaerense, de junio del año pasado), Farmacity presentó un recurso de queja para que la Corte Nacional tome el caso. Y lo consiguió: el expediente ya está en manos de los cinco jueces supremos. Rosenkrantz, sin embargo, ya se corrió. En paralelo, el Colegio de Farmaceúticos de la Provincia de Buenos Aires había pedido la recusación del juez propuesto por Mauricio Macri.

Pese a la ausencia del juez, desde el Colegio de Farmacéuticos bonaerenses desconfían de esa supuesta prescindencia. Y a su vez sostienen que la doble influencia de Farmacity (política y judicial, vía Quintana y Rosenkrantz) podría ser determinante para volcar un fallo en favor de la cadena. De resultar así, se favorecería la expansión de ese tanque.

Cerca del vice de Marcos Peña, por el contrario, afirman que Quintana se retiró de la dirección de Farmacity y que vendió todas sus acciones en el fondo de inversión Pegasus (a su vez controlador de las heladerías Freddo y el shopping Tortugas Open Mall). Los farmacéuticos desconfían.

Por continuidad e influencia dentro del gobierno, el de Quintana es el ejemplo más exitoso de salto de público a privado. No todos fueron así de fluidos. A punto de cumplir dos años en la Casa Rosada, el macrismo ya suma más de diez ex gerentes, directores y CEOs de empresas que renunciaron o fueron echados. La lista de motivos para el éxodo suele incluir el conflicto de intereses, la poca tolerancia a las internas y los problemas de adaptación.