(por Andrés Fidanza) Sensible a las exigencias de los focus group, pero decisionista al momento de bancar a los mejores intérpretes del ajuste en marcha. Con esa fórmula se mueve espasmódicamente el oficialismo. Optó por el siga siga ante Jorge Triaca, intentando compensarlo con una veda parcial al nepotismo de sus ministros. La medida de Mauricio Macri tiene efectos prácticamente nulos sobre la contabilidad del Estado: el paquete completo de recortes y congelamientos salariales en cargos políticos representa un ahorro del 0,03% del gasto previsto para 2018. En lo simbólico tampoco marca un cambio respecto a los métodos y razones para concretar futuras designaciones, y ni siquiera corrige los sesgos ya existentes en el gabinete ampliado de Macri. Ese elenco se compone por una abrumadora mayoría de varones, ex CEOs en uno de cada tres puestos, con un alto nivel educativo y patrimonial.

Si bien se empezaron a realizar algunos concursos para los nombramientos técnicos más altos, por ahora rige el criterio de la confianza y el amiguismo. Así fue elegido el 97% de esa franja estatal, según un relevamiento de Cippec y la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). A pesar de su discurso rupturista, Cambiemos no llegó para revolucionar las mañas sobre la forma en que se suele completar un organigrama estatal. El sorpresivo triple triunfo nacional, bonaerense y porteño (este era el único asegurado) indujo a una convocatoria a las apuradas, en la que entró absolutamente de todo. Arribaron cuadros con aptitudes y vocaciones variadísimas: desde militantes históricos del PRO, hasta empresarios y gerentes dispuestos a seguir el ejemplo del líder Mauricio, amigos, conocidos, punteros y amigos de amigos.

Dentro de esa pesca con mediomundo, cayó Sandra Heredia en el sindicato de los obreros marítimos intervenido por el gobierno. Sin ninguna experiencia gremial, la empleada de la familia Triaca fue elegida como delegada de la seccional San Fernando. ¿Motivo? Había solicitado un aumento de sueldo, tras varios años de haber trabajado en negro para el actual ministro de Trabajo. Así, Triaca descargó en el Estado una parte del sueldo que debía pagar su familia, degradando el rol y la importancia tanto de los gremios como del control público.

“Si bien es un error, no sentimos que tenga que costarle el cargo”, afirmó Marcos Peña sobre Triaca. A la pasada consolidó al verbo sentir como uno de los favoritos del presidente y sus principales ministros. El jefe de gabinete decidió enfocarse en la parte más insustancial del “error” de Triaca: el maltrato viralizado hacia Heredia.

Sólo en el primer año de la intervención del Ministerio de Trabajo al SOMU, hubo 172 designaciones oficiales. La mayoría de los elegidos provenía de la política: ex empleados de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, de la Tesorería de la Provincia y el Renatre, entre otros organismos públicos provinciales y municipales, según reveló el diario Perfil.

El decreto presidencial contra el nepotismo no altera esa lógica, instaladísima dentro de las prácticas políticas que exceden (pero incluyen) al PRO. La singularidad del macrismo en esta materia, sin embargo, es otra. Refiere a la enorme cantidad de nombramientos que encierran conflictos de intereses entre los actuales funcionario y sus vidas previa en el ámbito privado.

La decisión de Macri tampoco corrige el rumbo ideológico de la gestión. La primera interventora del sindicato marítimo por parte del gobierno fue la hoy senadora Gladys González. Suerte de contracara valiente y pura del sindicalista Omar "Caballo" Suárez, el perfil de González calzaba a la perfección con lo que pretendía comunicar el macrismo.

En el juego de contrastes entre González y Suárez, algunas fricciones quedaron afuera de la agenda mediática. Los dos compañeros de Gladys en la intervención del SOMU, Jorge Alonso y Santiago Viola, terminaron enemistados con la delegada del Poder Ejecutivo.

En junio de 2016, apenas cinco meses después de haber asumido, Viola y Alonso la acusaron de: supuestos manejos unilaterales, cerrar paritarias marítimas a la baja, y modificar los convenios colectivos de trabajo, excediendo las competencias del triunvirato interventor.