Por Andrés Fidanza

Marcos Peña no dice que el plan del gobierno es el mejor. Dice que es el único. Por fuera de la hoja de ruta oficial, sólo hay lugar para locuras, irresponsabilidades o la amenaza latente de la vuelta al cristinismo. Así, la gestión nacional queda reducida a un administración poco imaginativa de un consorcio pobre. El discurso fatalista es una clásico dentro de los gobiernos de centro-derecha. En los ochenta, a Margaret Tatcher la llamaban TINA, acrónimo de There is no alternative. Para Mauricio Macri, tampoco hay otra alternativa que el ajuste. Y el pedido de socorro al Fondo Monetario viene a reforzar la idea de que no hay matices ni planes B. 

Cerca del presidente, elogian esa perseverancia antipopulista. Afirman que se necesitan “huevos” para eludir la vía de la demagogia, impulsando reformas que generarán sufrimiento sobre miles de personas. Sobre otras personas. El costo político de esa decisión recién ahora aparece a la vista: perder una elección que, hasta hace tres meses, estaba ganada de antemano. Al revés del eslogan que energizó de un golpe al peronismo, para Cambiemos quizás no haya 2019. 

Esa aparente valentía encierra una veta misional: la cruzada de Macri y los CEOs es entrar a la política para poner las cosas en orden; y después salir con la conciencia tranquila por el trabajo cumplido. Porque el presidente y una gran parte de su gabinete siguen sin sentirse políticos. Se perciben como normalizadores de un país que en algún momento perdió el rumbo. Esa intervención es ejecutada como si fuera un procedimiento mecánico, sin opciones o correcciones que puedan discutirse. La crisis del gobierno es económica, pero también política. El corset ideológico de Macri no permite alternativas. “Aplicar la ley significaría suspender la AUH por el resto del año”, explicó el presidente, horas después de haber vetado el proyecto que limitaba los tarifazos. 

Así, la apertura política anunciada murió antes de arrancar. Fue una concesión simbólica a los reclamos que, recién en la mala, le hicieron a Marcos Peña los editorialistas amigos. Clarín pidió más protagonismo para Emilio Monzó, y Alfredo Leuco para Ernesto Sanz. ¿Qué hicieron Macri y Peña entonces? Invitaron al peronista y al radical a una nueva serie de reuniones en la que solían estar, hasta que a Monzó lo corrieron y Sanz se aburrió. En adelante, ambos asistirán hasta que dejen de hacerlo. Y no faltará demasiado para que el radical vuelva a sentir la improductividad de esas juntadas, en las que las decisiones importantes son tomadas de antemano. 

El rol de superministro de Nicolás Dujovne también se agotó en pocas horas. Cuando sugirió la posibilidad de poner en pausa el cronograma de bajas a las retenciones sojeras, el ministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere se resistió. “Mi interlocutor es el Presidente”, ninguneó a Dujovne el ex presidente de la Sociedad Rural. Ante esa puja interna, Macri desempató en favor de lo que le dictaba su corazoncito. Los sacrificios no llegarán desde el campo. Así, el statu quo en la cultura de poder macrista potencia la rigidez de su plan económico. Y ese esquema en la toma de decisiones muchas veces se parece a una charla de country, cargada de sabidurías prácticas, prejuicios y auto-mitificaciones. 

Mientras tanto, el ala social del oficialismo, con la ministra Carolina Stanley a la cabeza, mira el panorama con una mezcla de pasividad y preocupación. Dentro de un mes, habrán impactado todos los tarifazos y subas de precios, sin el alivio de muchos aumentos en los ingresos populares. Recién en julio el salario mínimo vital y móvil pasará de 9.500 pesos a 10.000. Y los 400 mil planes atados a ese salario, recientemente unificados bajo el nombre de Hacemos Futuro, ascenderán de 4.750 pesos a 5.000. Una mejora de apenas 250 pesos. Pero ni Stanley ni su equipo sugieren modificaciones en el rumbo macro. Conocen de memoria el primer (y único) mandamiento del ajuste macrista: no hay alternativa.