Una combinatoria de factores explica esos errores de registro y a su vez revela una parte del ADN PRO: sobrestimación del efecto que generaría su mera llegada al gobierno, interlocución desordenada con los factores de poder, cierta displicencia (alimentada por el trato amable histórico de los grandes medios) y la tendencia a forzar un todo o nada, en el que la negociación política sólo se habilitó cuando ya no quedaba otra opción.

A esos motivos se le agrega uno más genérico: la afinidad entre determinado interés sectorial y un gobierno no se traduce necesariamente en un apoyo cerrado. O al menos no siempre y no de forma automática. Al contrario, abundan los casos de “traiciones” por parte de actores que se suponen la base electoral propia. El kirchnerismo también sufrió ese desaire, con el que suele machacar Cristina Kirchner en las redes sociales. Ocurrió cuando la burguesía mercadointernista y gran parte de los sindicatos le dieron la espalda: le hicieron paros, le fugaron dólares y no la acompañaron en el balotaje. Si gobernar es difícil de por sí, esas pequeñas incongruencias sirven para complicar aún más las cosas.

Hijo de la patria contratista, primus inter pares de los empresarios con interés por la política, Macri creía que su ascenso a la presidencia pondría en pausa las pujas, demandas y extorsiones típicas del mundo de los negocios. Al ser uno de ellos, en contraste rotundo con la convivencia incómoda que mantuvieron los empresarios con el kirchnerismo (aún en los tiempos de la ganancia dulce, durante el “país normal” de Néstor Kirchner), Macri apostaba por una suerte de apoyo ideológico. Exportadores, burguesía local (nacional o extranjera), sector financiero y campestre relegarían sus diferencias en nombre de un bien común de trazo grueso: la llegada de un gobierno pro-mercado, tras años de “populismo”. El pronóstico resultó demasiado optimista, y el bloque dominante sigue adelante con sus tensiones históricas.

Unas doce horas antes de que se conociera el fallo de la Corte que suspendía el tarifazo del gas, Macri y su gabinete varonil jugaban al fútbol en Olivos. Si bien la resolución de la Corte ya estaba tomada, redactada y entraba en curso administrativo, la primera plana macrista confiaba en un inminente fallo amigable. Al día siguiente recibiría otro golpazo de realidad anti-intuitiva. Las charlas privadas y sonrisas públicas entre Macri y Ricardo Lorenzetti, más la presión de los periodistas cercanos al PRO, no tuvieron el efecto deseado sobre la Corte.

Macri quedó molesto por la información errada que manejaba el gobierno. En adelante el oficialismo quiere ordenar la (caótica) interlocución del PRO con jueces y fiscales.

“Nos falta un interlocutor con la justicia que comunique los intereses del gobierno. Y ese rol no lo pueden cumplir 40 personas a la vez”, se quejó un funcionario del ala política del PRO.

Tras la decisión de la Corte, el gobierno se vio forzado a explorar una vía que había clausurado: la de negociar, considerando las distintas variables en juego. Lejos del discurso buenista del consenso, el gobierno justificó el tarifazo con un lenguaje instransigente: el de la necesidad de cubrir los costos del servicio. Con aval de Macri, Juan José Aranguren no modificó su mirada, una vez que pasó de CEO a ministro. El ex presidente de Shell se mostró interesado casi exclusivamente en satisfacer a los accionistas de las productoras y distribuidoras de gas, ignorando los demás aspectos a los que la función pública obliga: entre otros, la viabilidad política y el humor social.

Así, la jactancia de Aranguren sobre su falta de ambición electoral -una forma interna de chicanear a sus compañeros de gabinete Marcos Peña, Rogelio Frigerio y Alfonso Prat-Gay, todos ellos plagados de sueños presidenciales- convirtió al ex Shell en un débil gestionador. Otra paradoja del antipopulismo.