Por ANTONIO E ARCURI (*)

La celebración del Día Internacional de los Trabajadores, justo cuando se cumplen 130 años de los hechos que le dieron origen, durante una huelga en Chicago por la reducción del horario laboral allá por 1866, encuentra a la Argentina con la problemática del trabajo en el centro de su agenda política, económica y social. Es que como consecuencia de las medidas que el flamante gobierno nacional viene implementando con el objeto de recomponer un sinnúmero de variables económicas, que la administración anterior, por acción u omisión, permitió que se desquiciaran de manera alarmante, se han encendido señales de preocupación en la dirigencia política, empresarial y sindical. Es una verdad de Perogrullo que cuando la economía cruje son pocos los sectores que se benefician y muchos, especialmente los trabajadores y los humildes, los que se perjudican. Se sabe que el diagnóstico de los tres principales candidatos en las presidenciales del año pasado sobre el estado de la Nación era, con matices, el mismo: inflación, atraso cambiario, déficit fiscal elevado a pesar de la alta presión tributaria, atraso en las tarifas de servicios públicos, desfinanciamiento de las provincias, imposibilidad de acceder al crédito internacional por el litigio con los “buitres”, etc, etc. Sin embargo, las diferencias aparecieron a la hora de evaluar qué tipo de medidas adoptó y cómo decidió aplicarlas el presidente Macri para hacer frente a las dificultades que arrastraba el país. Allí es donde las coincidencias dejaron de ser tales y es natural que ello ocurra, porque naturalmente cada expresión política cree tener las mejores ideas para alcanzar eso que queremos todos: un país en crecimiento, con desarrollo sostenible, inclusivo y seguro. Es legítimo que el Gobierno nacional lleve adelante su plan, porque en definitiva los ciudadanos lo votaron para eso, pero está claro que las responsabilidades de estado no están circunscriptas solo a la coalición Cambiemos, sino a todo el arco político en particular y al conjunto dela dirigencia nacional en general. Una muestra de esa responsabilidad es el acompañamiento que cosechó en buena parte de los diputados y senadores nacionales del justicialismo la ley que permitió derogar las leyes Cerrojo y de Pago Soberano para terminar con el conflicto con los holdouts. En contraposición, la dirigencia sindical -expresada en las cinco centrales obreras decidió alzar su voz recordando que los trabajadores no pueden ser una variable de una fría estadística. En ese sentido realizarán hoy un acto para manifestar su preocupación por la aceleración de la inflación y la devaluación y exigir el cese de los despidos. En paralelo en el Congreso se discute, a instancias de partidos de la oposición, una ley que declara la emergencia ocupacional y suspende los despidos por 180 días en los ámbitos públicos y privados. El proyecto pasó con éxito por el Senado y espera ser tratado en Diputados, para disgusto del presidente Macri, quien anticipó que vetaría la norma en caso de ser sancionada. Frente a la actual encrucijada, podemos reflotar las viejas disputas sectoriales, o bregar por encontrar las coincidencias que permitan morigerar los efectos del ajuste Es así que el trabajo, esta vez a partir de las acechanzas que entraña la realidad de país, con la pérdida del poder adquisitivo, caída del consumo y una tan incipiente como inexorable recesión, vuelve a estar en el centro de las preocupaciones. Ya sabemos lo que sucede cuando falta. Lo vivimos en la década del ’90, que derivó en la crisis de 2001, donde el país tocó fondo y alcanzó tristes récords de desocupación y pobreza. Costó mucho salir de aquel infierno, pero la Argentina volvió a mostrar signos de recuperación a fines de 2002. Durante las tres presidencias del kirchnerismo se registró una recuperación de los indicadores laborales y el sector privado volvió a generar empleo hasta 2012; de allí en adelante los indicadores se estancaron, solo el sector público creo puestos de trabajo. Estamos ante un momento crucial de la vida de la República, en el que claramente salimos de un modelo y estamos entrando a otro en un marco de democracia y con plena vigencia de las instituciones; pero el cambio –está claro- no será inocuo y entraña riesgos que no pueden ignorarse. Frente a esta encrucijada podemos reflotar las viejas disputas sectoriales, teñidas de intereses corporativos, aupados por la voracidad económica o la miopía ideológica, y desatar una lucha que siempre será de suma cero, como tantas veces vimos. O podemos asumir las dificultades y bregar por encontrar las coincidencias que permitan morigerar los efectos del ajuste. No se trata de abordar el problema con una mirada ingenua o voluntarista, tampoco de plantear una visión apocalíptica de la realidad nacional, sino de entender de una vez y para siempre que, como decía Juan Domingo Perón, a este país lo salvamos entre todos o no lo salva nadie. La protección del trabajo, que implica cuidar el que existe y generar condiciones para su creación, es un objetivo que debe unir y no separar a los argentinos, porque como dice el papa Francisco el trabajo es sagrado, expresa la dignidad de la persona humana y fortalece a la institución familiar. Se trata de que Gobierno, oposición, empresarios y sindicatos pongan en acto aquello que los argentinos pusieron en potencia cuando se expresaron en las elecciones del año pasado: basta de discurso único, de enfrentamientos estériles y de proyectos hegemónicos. Será un verdadero logro que el año que viene, cuando celebremos un nuevo Día de los Trabajadores, podamos decir con satisfacción que nuestros dirigentes supieron estar a la altura de las circunstancias.

(*) Ex secretario de Legal y Técnica durante la presidencia de Eduardo Duhalde.