Según los datos que se recaban mensualmente desde el Observatorio de Conflictividad Socio-Laboral de CEPA, los conflictos en el primer trimestre de 2017 (que para el mes de marzo ascendieron a 2 por día) concentraron sus motivos en reclamos por despidos, readecuación salarial, cumplimiento de acuerdos, condiciones de trabajo y quejas por atrasos en los pagos.

Desde principios de marzo de 2017 a la fecha, la conflictividad a nivel nacional y particularmente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires ha ido incrementándose con diferentes metodologías de protesta, primando aquellas con participación en la vía pública, como los paros con movilización, las concentraciones en las puertas de instituciones/organismos, los cortes de ruta y calles y las ollas populares.

El eje del abordaje planteado por el Gobierno Nacional y local por los reclamos desarrollados en la Ciudad de Buenos Aires, no se ha centrado en resolver las problemáticas que originan el reclamo sino en encontrar el mecanismo para que tales demandas, sencillamente, no lleguen a las calles de la Ciudad. Uno de esos mecanismos ha sido la represión recurriendo a las fuerzas de seguridad. Una de las conclusiones del presente informe reside en que en el primer trimestre de 2017 se registran un 133% más de casos de conflictos con represión, en comparación con igual trimestre de 2016.

En este sentido, se ha observado desde inicios de 2017 una profundización en la estrategia “ejemplificadora” del gobierno con los trabajadores en su conjunto pero en particular se ha manifestado en el conflicto docente como caso testigo. La represión policial a los docentes en la plaza de los Dos Congresos para evitar la instalación de la “Escuela itinerante” se suma a la premeditada estigmatización de un sector gremial representado en el ataque a Roberto Baradel, Secretario General de SUTEBA, los descuentos por los paros realizados, el adicional para los docentes que no adhirieron al paro y las amenazas con multar y quitar la personería gremial. Todo ello en el marco de sostener una prácticamente idéntica oferta –respecto de la original-, la cual impide recuperar el poder adquisitivo perdido en 2016.

La estrategia del gobierno en el ámbito laboral se podría resumir, en el “trazo grueso”, en las oleadas de despidos a lo largo de 2016 y con continuidad en el pasado trimestre y en la cristalización, en 2017, de la caída del salario real sustanciada el año previo. El complemento es la “sintonía fina” flexibilizadora en 2017, donde juega un rol central el acuerdo firmado con el sector petrolero en Vaca Muerta, que el gobierno pretende extender a la industria automotriz (Macri estuvo en Córdoba anunciándolo), a la construcción, textil y calzado entre los principales sectores.