En diálogo con Primereando el ex director del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Federico Basualdo, analizó en profundidad quienes son los ganadores y perdedores de la política energética del gobierno de Cambiemos.

Después de dos años de sucesivos aumentos de tarifas, el presidente Macri ordenó vender al mejor postor las acciones del Estado en las empresas eléctricas. La gobernadora Vidal no se queda atrás, y al tiempo que convive alegremente con un virtual monopolio eléctrico en la provincia, estudia la venta de la principal empresa energética del estado local.

¿Cuáles son las prioridades de política energética para un proyecto neoliberal como el de Cambiemos?

Al igual que con otros sectores de la economía, la prioridad del gobierno de Cambiemos es garantizar una drástica distribución de ingresos desde los hogares a las empresas. En el caso particular del sector energético, esta transferencia se concreta a partir del descomunal ajuste tarifario, la desregulación de los precios y el virtual congelamiento de la acción de los organismos de regulación y control. La retirada del Estado redunda en crecientes ingresos para las empresas, y en el caso del sector eléctrico la yapa es la venta de la participación del Estado en las empresas del sector.

¿Porque el gobierno nacional dice que “es negocio para el Estado vender las acciones que tiene en las empresas de energía eléctrica”?

Planteado de esa manera, parecería que es una decisión improvisada del poder ejecutivo. Como si un día el presidente revisara el precio de las acciones, y como es elevado, decide vender. En realidad, la decisión de Macri de vender las acciones del Estado en las empresas eléctricas, es parte de un plan económico que ejecuta este paso luego de concretar un ajuste brutal de los precios de la energía que garantiza una transferencia de ingresos desde los hogares a las principales empresas del sector. Como consecuencia de esta política, el balance de las empresas mejoró notablemente. Y es en ese contexto que el presidente decide retirar al Estado y venderle las acciones a los privados. Un negocio redondo, al menos por algunos años.

¿El caso de TRANSENER parece particularmente polémico. Se puede hablar de que la venta de la participación del Estado en este empresa atenta contra la soberanía nacional?

Todo el Decreto 882/17 es, por lo menos, polémico. En algunos casos se están vendiendo las pocas participaciones que quedaron en manos del Estado luego de la ola privatizadora de los años noventa. En otros, como las centrales de ENARSA, se privatiza el enorme esfuerzo económico que hizo el Estado durante los últimos años. Parecería que este gobierno socializa la inversión y privatiza las ganancias.

El caso de TRANSENER es ciertamente crítico. Se trata de una empresa estratégica que garantiza el transporte de la energía eléctrica en todo el territorio nacional. Lo más llamativo es que la actual gestión incrementó hace algunos meses la participación del Estado en esta empresa, argumentando que era clave por la función que cumple. Ahora, parece que ganó el criterio empresario, cuyo único objetivo es garantizarle a las empresas del sector el máximo de rentabilidad posible, durante el tiempo que dure la actual política tarifaria.

TRANSENER tiene particular importancia para la provincia de Buenos Aires, dado que su controlada TRANSBA realiza el transporte de la energía eléctrica. ¿Cómo ve la situación de la distribución eléctrica en la provincia, teniendo en cuenta las últimas operaciones de compra y venta de empresas?

Con preocupación. Llama la atención la velocidad con que el grupo DESA se expandió en este segmento. Prácticamente, en menos de un año y medio este grupo se quedó con toda la distribución eléctrica de la provincia de Buenos Aires, sin contemplar a las cooperativas. Se trata de una situación monopólica que atenta contra los derechos de los usuarios y el espíritu de la normativa vigente. Me imagino que en el gobierno de la provincia de Buenos Aires estarán siguiendo el tema de cerca, sobre todo por las implicancias que tiene.

En los últimos días ha trascendido que la gobernadora Vidal planea vender la empresa provincial Centrales de la Costa Atlántica S.A. por su pésima situación financiera. ¿Cómo analiza esta situación?

No conozco los números de la empresa, pero me cuesta creer que se encuentre en una situación deficitaria, sobre todo después del feroz ajuste de tarifas que impulsó la gobernadora junto con el gobierno nacional. La intención de vender la empresa no me sorprende, es una política que se encuentra en plena sintonía con la implementada por el presidente Macri y que apunta a garantizar que los únicos beneficiarios de la actual política energética sean las empresas.

Federico Basualdo, ex director del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).