En sólo dos años se acumuló más inflación que lo proyectado por las anteriores metas hasta 2019.

La inflación mantiene su ritmo de avance incesante, a más de dos años de la “normalización económica” impulsada por los representantes del establishment. La expresión de la batería de cambios en materia de control de precios, se centró en el esquema de metas de inflación, importado de otras experiencias históricas contemporáneas. Su adaptación a la realidad económica argentina muestra limitantes, debido a la disparidad de fenómenos que son causales de la inflación. En nuestro país, además de visión clásica de una demanda superior a la oferta, que empuja al regulador a emitir billetes, se destacan los fenómenos de puja de poder adquisitivo, la inflación importada y, muy en particular, la inflación cambiaria. Los objetivos ambiciosos de la trayectoria de desinflación reflejaban un optimismo descomedido. El desacople respecto a los números observados y las proyecciones venideras, redunda en un alto costo de credibilidad para la autoridad monetaria. En el marco de un proceso de ajuste tarifario sobre servicios regulados que aún se encuentra a mitad de camino, la presión directa e indirecta (vía insumos) sobre precios es significativa. Por caso, en el último mes y a lo largo del primer trimestre de 2018 se sucederán una serie de aumentos de tarifas, definidos o autorizados por el Poder Ejecutivo. Su impacto efectivo sobre el IPC determinará buena parte de las perspectivas de cumplimiento de la meta inflacionaria del corriente período.

En ese marco, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) desarrolló un documento analítico relativo los futuros aumentos de tarifas, tanto en términos desagregados como en forma integral, estudiando la afectación al poder adquisitivo de la población. A partir de los datos oficiales del Indec, el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires y los principales anuncios oficiales, el documento pone en perspectiva los aumentos de tarifas, acumulando las subas desde el cambio de modelo. Por otro lado, también busca contrastar las metas de inflación con los resultados verificados en los dos primeros años. Algunos de los principales resultados del documento al que tuvo acceso este medio, se presentan en los siguientes párrafos.

El proceso de desinflación demora más que lo inicialmente esperado por el gabinete económico. La multiplicidad de causales de aumento sostenido de precios no fue justipreciada en los albores del nuevo modelo, y generó un retraso en el cumplimiento de los objetivos monetarios. La unicidad del diagnóstico del oficialismo en su comprensión sobre los causales que expresan este fenómeno en nuestro país, limitó el accionar de la política económica a un único instrumento: la tasa de interés. Según indica el análisis del observatorio UNDAV, “a diferencia de las experiencias de implementación de regímenes de metas de inflación en otros países del mundo, en Argentina los canales de transmisión de la tasa a la demanda de dinero no son automáticos ni directos. La baja penetración del crédito por lo prohibitivo de su costo financiero actual, el escaso nivel de ahorro en la economía y la prevalencia de una tradición de crecimiento tirado por demanda agregada, son sintomáticos de estas rigideces”. En este marco, la puesta en marcha de un régimen de dinero endógeno y tasas de interés reales positivas altas para señalizar un recorrido de convergencia entre oferta y demanda de dinero, no puede funcionar de manera aislada del resto de la política económica. La importancia de los factores estructurales como ser la inercia inflacionaria, la inflación de costos, la inflación importada, la inflación por puja de poder adquisitivo y la inflación estructural no deben ser subestimados, y se deben atacar en conjunto., La disposición de programas oficiales y acuerdos sectoriales para influir sobre los procesos de formación de precios, también podría redundar en una solución efectiva.

Dado este contexto, los economistas de la Universidad de Avellaneda señalan que “los resultados obtenidos hasta el momento, son insoslayables. Se consolida el segundo año de nueva administración y se sostiene una brecha significativa entre los objetivos inflacionarios y los números verificados”. El siguiente gráfico, realizado por el Observatorio Undav, muestra esta separación anual y agregada. Como se puede notar, el incumplimiento acumulado de la meta de inflación ya se posiciona cercano a los 30 puntos porcentuales. Si las paritarias de ambos períodos se hubieran regido estrictamente por los pronósticos oficiales, el contexto de los trabajadores asalariados sería mucho más acuciante.

METAS DE INFLACIÓN VS IPC PUBLICADO

(% acumulado a cada mes)

Fuente: elaboración propia en base a IPC Indec.

Como se ve, el incumplimiento de la meta es pronunciado. A tono con este importante sesgo, a fines del año pasado se anunció el retraso de un año en los objetivos de convergencia al 5%. No obstante, el nuevo target aún está lejos de los pronósticos para 2018. Los primeros ajustes anuales, que se analizarán en la siguiente sección, implicarán un arrastre inflacionario que impactará a lo largo del primer cuatrimestre. Posteriormente, al tratarse de insumos fundamentales de otros sectores, implicará incrementos de segunda ronda. En ese sentido, y según consigna el informe, “la alta persistencia de la inflación se encuentra notoriamente influida por el mantenimiento del proceso de recomposición tarifaria en los principales servicios públicos, en adición a la decisión de política económica de mantener o mejorar márgenes de utilidad en demás servicios regulados por el Estado”.

El nuevo aumento de servicios del hogar, transporte, naftas, prepagas y otros bienes o servicios generan una pérdida en la capacidad de consumo de la sociedad. Y esto se da principalmente porque estos incrementos de precios son superiores a los que se enuncia a través del IPC y con el cual se negocian las paritarias. El punto es que estos aumentos tienen una influencia directa en las familias y otra indirecta. La directa, es el mayor dinero que esta tendrá que destinar a estas partidas. Y en forma indirecta por su influencia en las diferentes cadenas de producción que utilizan estos bienes o servicios como insumos. La influencia directa muchas veces suele generar mayores perjuicios de los que se ven reflejados en este índice. Esto sucede porque el IPC está basado en un promedio de una canasta calculada por la Encuesta Permanente de Hogares y en ciertos hogares la incidencia que tienen los servicios y los costes de transporte público son muchos mayores a los considerados en el índice. Desde el plano teoría, por ende, el documento indica que “esto expone con claridad que el IPC no es un indicador unívoco del costo de vida, sino un mero control de precios general de una determinada región”.

INCIDENCIA DE PRINCIPALES SERVICIOS PÚBLICOS EN EL IPC

(como % del total)

Fuente: elaboración propia en base a IPC Indec.

Tal como muestra el anterior gráfico, los servicios de agua, electricidad y gas, junto con el transporte público solo implican el 4.35% de incidencia en la inflación en el IPC GBA. A pesar de esto, el aumento de, por ejemplo, el transporte público en un 62% repercutirá en un 1,71% en este índice el año siguiente. Trasladando dicho porcentaje al IPCN, este significa un 0.8% de la inflación para 2018. Es decir que, tan solo aumento en transporte significa un 5.3% del total de la inflación prometida por el ejecutivo nacional para este año.

En otro orden de cosas, según informa el Indec, el salario promedio de un ocupado era de $12.350 en septiembre de 2017. Suponiendo paritarias de un 15.5% con un primer aumento de 7% y una segunda del 8%, el aumento del subte afectaría un 1% del ejemplo mencionado. Continuando el ejemplo en conjunto con los aumentos de electricidad tipo 1, gas tipo R22, Aysa con medidor y un consumo mensual inicial de $350, la proporción de estos servicios dentro del salario pasaría de ser del 11% al 18%. Es decir que en tan solo 4 meses los usuarios tendrían una pérdida de poder adquisitivo del 7%.

Asimismo, el 2016 fue un año que estuvo marcado por un fuerte aumento en el transporte en la provincia de Bueno Aires que, en promedio, fue del doble de la inflación de ese año. Ahora en 2018, llega la segunda oleada de estos aumentos. Al inicio de la actual gestión el subte costaba $4,50 y este año llegará a $12,5. Esto significa un aumento total de 175%. En el caso del colectivo, el boleto en cuestión es el mínimo, que en este momento cuesta $6 y llegará a costar $10 en junio. Sin embargo, hay varios medios que mencionan la posibilidad de que a fin de año este pasaje cueste $13. Los trenes que ya aumentaron un 100%, como en el caso del tren Mitre, al pasar de $2 a $4, ahora aumentará un 68% llevándolo a $6,75. Esto implica un acumulado del 238%, transformándolo en el medio de transporte que más aumento durante esta gestión. Cabe aclarar que la aplicación del sistema “Red SUBE” solo trata de casos particulares, que no podrá incluirse dentro del IPC y además beneficiará tan solo al 20% de los afectados por los aumentos.

INCREMENTOS EN TARIFAS DE SERVICIOS PÚBLICOS O REGULADOS

(en función a % comunicados hasta el mes de enero)

Fuente: elaboración propia en base a Indec e información de mercado.

Otra suba de precios que sentirán los usuarios, será en las tarifas de servicios, las cuales fueron aumentando de forma acelerada a lo largo de estos dos años. En el caso del gas se analizó la tarifa tipo R21, la cual abarca a la mayoría de los usuarios y está por debajo de la media, en cuanto al precio. A raíz de la quita de subsidios, hubo un aumento del precio del Mbtu en boca de pozo en el orden del 510%. Además, tanto el transporte como las distribuidoras aumentaron en forma proporcional sus servicios. Hasta ahora, solo está anunciado un aumento en febrero del precio del gas, en relación a la quita de subsidios que se dio lugar el año pasado. Sin embargo, a través del cuadro de reducción de subsidios presentado por el Ministerio de Energía, se puede prever un aumento en torno al 129% a lo largo del año corriente. En cuanto a la electricidad, hubo un 910% de incremento en el valor de la tarifa para los hogares que consumen un promedio de 600 KW. Para esta misma categoría se predice un 56% de aumento en este año. En el caso del agua, el análisis se realizó sobre aquellos hogares que no tienen medidor, ya que representan más del 85% universo en cuestión.

Finalmente, el ABL que ya acumula un aumento promedio del 108%, ahora lo hará en un 24%, superando. un acumulado del 134%. Luego, tanto para el peaje, la nafta y las prepagas los aumentos que figuran en el cuadro, para este año, son los anunciados por el gobierno nacional. Seguramente, a medida que transcurra el año habrá una mayor suba en los precios de estas categorías.

PRINCIPALES SERVICIOS Y SALARIO MEDIO

(en $ corrientes y como % sobre el salario medio)

Fuente: elaboración propia en base a Indec e información de mercado.

Con todo lo anterior, del estudio analítico llevado adelante por los investigadores del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV sobre la dinámica de precios de 2017 y los aumentos de tarifas venideros, se desprenden las siguientes conclusiones sintéticas:

  • Los ajustes tarifarios que se registran en estos meses, se aplican sobre rubros de alta incidencia del IPC. Por caso, el peso del “transporte público de pasajeros” representa 2,77% del total. Si se lo relativiza de acuerdo a la región focalizada del aumento, explicará un 0,8% de suba a lo largo de los próximos meses. Esto es, 5,3% de la meta oficial sólo por efecto transporte urbano.

  • Entre los principales aumentos venideros, se destacan la suba en transporte a registrarse hasta junio, con una suba media del 66% en subtes, trenes y colectivos urbanos.

  • Por su parte, a lo largo del 2018, gas natural, electricidad y agua corriente, verificarán incrementos del 129%, 56% y 30% respectivamente, para usuarios tipo. También se cuenta una suba media del ABL del orden del 24%, además de la anunciada en peajes en torno al 70%, una primera cuota de prepagas del 4% y el probable aumento en combustibles, esperado en torno al 6%.

  • Estas alzas significativas se agregarán a un proceso de “recomposición tarifaria” que ya lleva dos años. En casos como la electricidad, se acumulan subas promedio cercanas al 1500% y para el gas natural, en el entorno del 1300%.

  • En este escenario de subas preanunciadas, la incidencia de los precios regulados se va a incrementar como proporción del salario medio. Si se evalúa un usuario representativo, según la estimación realizada, el peso de estos servicios se incrementará más de 6 puntos porcentuales en el próximo cuatrimestre.

  • Con todo, a partir del 3,1% de aumento del IPC del mes de diciembre (que suma un 76% desde 2016), en dos años se acumuló más inflación que lo proyectado por las anteriores metas de inflación para los próximos 4 años.