(por Ignacio Cantala) Macri impulsaría por decreto la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria. El proyecto oficial cuenta con el apoyo de los sindicatos y las empresas de medicina prepaga y supone una reducción de derechos a la población, vulnera el sistema público y pone en riesgo las arcas provinciales. El rol de los gobernadores y algunos senadores para detener el impulso privatizador en la Salud.

La nueva oleada de reformas que el gobierno de Macri impulsa en el ámbito de la Salud implica una serie de graves riesgos para las provincias y una enorme pérdida de derechos para los ciudadanos, según advierten los especialistas.

Las dos medidas principales del gobierno nacional que estructuran su política de salud se encuentran en el Decreto de creación de la Cobertura Universal de Salud (CUS) y el proyecto de ley enviado al Senado para la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria (AGNET). Otro otro elemento fundamental de la política sanitaria macrista lo constituye el desmantelamiento de las principales políticas nacionales de carácter territorial, preventivo y de atención primaria destinadas principalmente a los sectores de menores recursos. En este aspecto, puede observarse la desarticulación de programas como REMEDIAR, promotores territoriales de salud, prevención del dengue, la demora y falta en la entrega de medicamentos o el escaso interés en impulsar los hospitales SAMIC. A esta lista debe sumarse el convenio de patentes express firmado con los EEUU que pone en riesgo a la industria y laboratorios nacionales.

Respondiendo a la lógica liberal, el gobierno de Cambiemos ha asumido la Salud desde el paradigma de los negocios. Por ello, su principal preocupación es como reducir el “gasto” público y al mismo tiempo como aumentar la rentabilidad de los otros actores del sistema: las obras sociales sindicales y la medicina prepaga.

La CUS está impregnada de neoliberalismo. En primer término, porque la propuesta viene impulsada por el Banco Mundial y la OMS (Organización Munduial de la Salud) cuya autonomía es casi inexistente respecto de los principales Estados que conforman el Banco y debido al rol financiador de la industria farmacéutica.

Las derrotas de los gobiernos de corte nacional y popular en América Latina detuvieron el impulso que desde la OPS (Organización Panamericana de la Salud) construía una alternativa al esquema de la CUS. En verdad, la alternativa es oponer al negocio la noción de derechos. Traducido a política pública ello supone garantizar el acceso y la atención en detrimento de la privatización de prestaciones y la reducción del gasto.

La trama sindical. Negocios y paritarias como ejes de la política sanitaria

La CUS fue puesta en marcha con el reparto de 30.000 millones de pesos correspondientes al Fondo Solidario de Redistribución. Según el decreto, el Estado aporta 8.000 millones de pesos por única vez para la puesta en funcionamiento de la CUS. Otra suma importante, cerca de 3.000 millones de pesos fue asignada a las Obras Sociales sindicales. Otros 4.500 millones de pesos se asignarán mediante un mecanismo aún no conocido y el 50% del total del Fondo se destinó a la compra de bonos de la deuda mediante un fideicomiso.

Desde la asunción del nuevo Gobierno Nacional la relación con los Sindicatos está determinada por el flujo de fondos. Las suntuosas cantidades que recibirán las obras sociales debido al CUS pusieron a los sindicatos como un actor de peso para impulsar la aplicación de este nuevo esquema de salud.

El cuadro de reformas se completa con el proyecto de ley de creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AGNET). Entre otras facultades, el proyecto propone que la agencia determinará la canasta de prestaciones cubiertas (reduciendo acceso a derechos vigentes), será la única autorizada para incorporar cuestiones al PMO –Programa Médico Obligatorio-, además establece que sus resoluciones respecto de tratamientos y prestaciones serán de carácter vinculante para la justicia. Ya se escucharon voces respecto de la inconstitucionalidad de ese punto.

Las Provincias las grandes perdedoras

El tratamiento de la AGNET en el Senado dejó al desnudo los factores de poder que están detrás de la aprobación de la norma. Por un lado, el gobierno nacional con su impulso privatizador junto a los sindicatos y prepagas, pues la agencia supondrá una reducción de sus costos y por lo tanto un incremento de sus rentabilidades. Del otro lado, los gobernadores y los sectores que defienden el rol del Estado como garantía del ejercicio efectivo de acceder a la Salud.

Fueron estos sectores, quienes pusieron en alerta a los gobernadores, al recordarles que no estando previsto el modo en que se sustentará la CUS quienes deberán aportar los recursos para afrontar el pago de las prestaciones serán las arcas provinciales. Gráficamente la operación supone mangueras que derivan recursos del sistema público al sector privado.

Muchos gobernadores, algunos protagonistas de la década del 90 y conocedores del impulso neoliberal por descentalizar funciones a las provincias pero no los recursos, comenzaron a apoyar una propuesta alternativa en la cual la Agencia asume un carácter federal y sus funciones están asociadas a la investigación, la innovación y el control, pero fundamentalmente destinada a fomentar el derecho y acceso a la salud.

Los intereses contradictorios entre gobernadores y sindicatos explican, en parte, porqué la AGNET no avanzó en el tratamiento en el Senado.

Sin ley, hay Decreto

La discusión paritaria con el intento oficialista de imponer un techo del 20% a los convenios para cumplir sus metas de inflación y reducir el “costo” laboral también se introdujo en la negociación de la política sanitaria.

En los últimos días ha crecido el rumor de que el Gobierno Nacional impulsará la creación de la Agencia por la vía del Decreto. El republicanismo y el respeto a la división de poderes constituyen un ideario declamado por el gobierno nacional, pero no creído por los integrantes de su mesa chica. La concreción de un negocio no puede subsumirse al respeto institucional.

La AGNET se incorporó al combo de seducción y cooptación de voluntades para cerrar paritarias no superiores al 20%. Operadores de la Casa Rosada muestran gráficos a los sindicalistas destacando como impactaría en la reducción de su “gasto” en la obra social la tarea que desarrollará la Agencia.

Por su parte, Senadores de todos los bloques ya han expresado su preocupación, pues se estaría avasallando las facultares legislativas. “Se trata de un proyecto que está siendo discutido en el seno del parlamento y el Poder Ejecutivo no puede imponernos su mirada con un decreto” afirmó un Senador a este cronista. En off confirmó que voltearán el decreto cuando llegue a la Comisión Bicameral si la intentona se concreta.

Para Cambiemos, la AGNET es fundamental para consolidar las reformas en Salud. Sin la Agencia, la CUS estaría incompleta. Es la Agencia la que se encargará de quitar derechos, reducir el gasto público e incrementar la rentabilidad de los otros subsectores del sistema de salud.

La ruta del dinero ya definió el rumbo del sindicalismo en este asunto. Además, el proyecto oficialista les reserva dos asientos en el Directorio de la Agencia. A esta altura ya no resulta paradójico que la fórmula de cómodos sillones y garantía de rentabilidad resulte más atractiva a los sindicatos que la defensa de los derechos de los trabajadores en su acceso a la salud.