El embajador argentino en Panamá, Miguel del Sel, jamás se imaginó que iba a estar en el medio de un torbellino de estas carácterísticas. Quizás por ello tardó tanto en reaccionar y en dar señales de actuación desde su lugar de trabajo.

Más de dos días después de desatado el escándalo internacional de los Panamá Papers, envió un cable a partir de la aparición del presidente, Mauricio Macri, como director y vicepresidente de, hasta el momento, una sociedad offshore en el que advierte que “el Gobierno de Panamá lidera una política de cero tolerancia ante cualquier aspecto de su sistema legal o financiero que no se maneje con altos niveles de transparencia”.

El informe detalle que “el Ministerio Público iniciará una investigación de oficio por las publicaciones sobre las actividades sospechosas de la firma panameña Mossack Fonseca”.

“De darse la investigación, sería el segundo expediente que le abriría la Procuraduría General a esa firma en lo que va del año (el primero fue a causa del caso Lava Jato , en Brasil)”, explicó Del Sel.

Además el ex cómico indicó cual fue la repercusión en Panamá de la investigación impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y por el diario alemán Süddeutsche Zeitung. En este sentido sostuvo que generó “una amplia repercusión, tanto en los distintos medios de comunicación local, como también a nivel Gobierno”.

También indicó que el país centroamericano “cooperará vigorosamente con cualquier solicitud o asistencia que sea necesaria en caso de que se desarrolle algún proceso judicial”.

A partir de enero de 2016 entraron en vigencia normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panameñas. Por este motivo dichas acciones deberán entregarse en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros.

Además el anuncio del Gobierno de Panamá advierte que “como parte de la implementación de la supervisión y combate a las actividades ilícitas, se han aprobado 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos así como la regulación de los sectores financieros no tradicionales, como firmas de abogados y negocios inmobiliarios, con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero”, según informan desde Ámbito Financiero.