Así lo advirtió Juan Grabois, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Organizaciones sociales marcharon hoy hasta las sedes de la ANSES en reclamo de un bono de fin de año para los jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

La decisión del Gobierno de Mauricio Macri de no otorgar el bono de fin de año a jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) generó malestar y preocupación entre los sectores más vulnerables.

“Si no pagan el bono, en diciembre va a haber mucha conflictividad”, dijo Juan Grabois, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), quien hoy se movilizó junto a otras organizaciones sociales.

Si bien la marcha principal tuvo lugar desde el Obelisco a la ANSES, hubo manifestaciones frente sedes del organismo previsional en las principales ciudades del país.

Grabois también opinó acerca de las versiones sobre un posible recorte de la AUH: “Sería catastrófico e inviable, no va a pasar. No es sustentable con la gobernabilidad argentina; habría una revuelta de magnitud inimaginable donde va a emerger la resistencia verdadera, la que sale de las bases populares y no de Twitter ni Facebook"

“Estamos peor que en el 2014”, sostuvo el dirigente social durante una entrevista en Salvemos Kamchatka, de Radio La Bici, y agregó que la situación se ve agravada por “un fenómeno” que “no es medible en plata, y que es la legitimación de un discurso represivo, excluyente, xenófobico y discriminatorio”.

Para Grabois, las reformas en materia previsional, laboral y tributaria configuran incluso un panorama de mayor preocupación.

En este sentido, consideró que la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria para ajustarla por inflación es “pésima” porque constituye “un robo de 100 mil millones de pesos a la economía popular”.

Sobre reforma laboral, el dirigente social apuntó contra la cúpula de la CGT al calificar como un “error” el haber aceptado una negociación con el Gobierno para llevar el proyecto al Congreso.

“Hay cosas que afectan a los trabajadores asalariados, que son perjudiciales y que de ninguna manera la CGT tendría que haber aceptado”, enfatizó.