La justicia decidió dar lugar a las denuncias presentadas por el arco opositor contra el ministro de Energía, Juan José Aranguren, donde se lo acusa de irregularidad en la comercialización del gas.

Durante las conferencia de prensa que el ministro compartía con Marcos Peña y Germán Garavano, representantes de la justicia ingresaron al ministerio con una "orden de presentación de allanamiento en subsidio", lo que requirió de entrega de información sobre los procesos de comercialización del gas, y en caso de que se niega la entrega del material, las fuerzas policiales tienen la postestad de proceder a la fuerza.

La orden de allanamiento fue dictaminada por el juez Luis Rodríguez, en el marco de las denuncias presentadas por legisladores del Frente para la Victoria y del Frente Renovador, entre ellos, Graciela Camaño y Marco Lavagna.

Los legisladores apuntaron contra el decreto 893/2016, publicado en el Boletín Oficial el 26 de julio. Esa resolución determinó que "la autorización de exportación de gas natural será emitida por el Ministerio de Energía", en el caso de que sean temporarias y estén destinadas a brindar asistencia ante situaciones de emergencia. A su vez, posibilita la utilización de la infraestructura de los países vecinos en el transporte del gas natural al mercado interno argentino.

El ministro de energía, además, es fuertemente cuestionado por el FPV por su doble rol de funcionario vinculado a la producción de gas y accionista en la empresa Shell, por lo que sus decisiones repercuten directamente a favor de sus finanzas.