Con el segundo semestre que no repunta y la promesa de capitales externos lejos de las expectativas, Mauricio Macri sale a vender propiedades del Estado para "sumar ingresos al tesoro nacional".

El anuncio, que figura este lunes en el Boletín Oficial, reza que el gobierno nacional se desprenderá de otros 17 inmuebles para hacerse de fondos frescos, que se suman a los anteriores anuncios de venta del Tiro Federal y el Campo Argentino de Polo.

El listado de los terrenos, que está administrado por la Agencia de Bienes del Estado (ABE) incluye distintos inmuebles, entre los que figuran dos complejos de canchas de fútbol, un centro de salud mental porteño, un boliche en el oeste del conurbano y hasta tres oficinas de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). También hay una ex casa tomada y un inmueble utilizado para la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación.

"Las operaciones que se impulsan no sólo constituirán una fuente de ingresos para el Tesoro Nacional, sino que además generarán un impulso en la economía al reactivar diversas actividades productivas, lo que redundará en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población", se informa en el Decreto 952/2016 que lleva las firmas del Presidente y el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Una de las locaciones de las que perderá el Estado por decisión de Cambiemos es el Centro de Salud Mental Nº1, ubicado en Manuela Pedraza 1558, en la Ciudad de Buenos Aires. En el lugar se presta atención médica primaria, además de servicios de salud mental y programas de prevención, asistencia y reinserción en drogadependencia, consignó este lunes Infobae.

En una de las oficinas de la ex SIDE, ubicada en Billinghurst 2457, también en capital, funcionó lo que en la jerga era conocido como "Estación Billinghurst". Esa oficina fue blanco de múltiples escraches de organizaciones sociales porque, según se estableció en el juicio, desde allí partió la orden de represión de Puente Avellaneda que terminó con las vidas de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en 2002.

Lejos de pensar una nueva utilidad para los lugares, el Gobierno de la Alianza Cambiemos emula las ventas de empresas estatales que realizó el gobierno de Carlos Menem en los 90. La venta de predios asegura el ingreso de divisas, pero al elevado costo de rematar predios que pertenecen al Estado, es decir a todos los argentinos, para asegurarse sumas de dinero que ahora podrá utilizar el Gobierno a su voluntad.