Tras conocerse los resultados negativos de las muestras de ADN recogidas en vehículos de la fuerza federal, Patricia Bullrich dijo que esto “debilita la hipótesis de una desaparición forzada” en el caso Santiago Maldonado. Sin embargo, lo que no aclaró es que esos móviles habían sido lavados previamente para eliminar pruebas.

El juzgado federal de Esquel, a cargo de Guido Otranto, informó hoy que las muestras genéticas tomadas de los vehículos de la Gendarmería y del escuadrón de El Bolsón no son compatibles con el ADN extraído de los familiares de Santiago Maldonado.

Poco después de conocerse la información, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, inició una nueva maniobra para desvincular a la fuerza y relativizar “la hipótesis de una desaparición forzada”.

“Lo importante es la prueba de ADN conocida hoy, lo cual debilita la hipótesis de desaparición forzada y abre la puerta a otras hipótesis que se venían trabajando”, sostuvo la funcionaria luego de participar en la firma de acuerdos entre el presidente Mauricio Macri y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Sin embargo, lo que eludió Bullrich fue la denuncia del defensor del Pueblo de la provincia de Chubut, Fernando Machado, quien reveló que los vehículos habían sido lavados con la presunta intención de eliminar pruebas de la represión del 1 de agosto en desapareció Santiago.

Las muestras fueron recogidas de las camionetas Ford Ranger dominios OVI549 y OLW237, Volkswagen Amarok AB234KT y AB140DC, y los Unimog  Mercedez Benz KGS799 y JYI842, diez días después del operativo represivo en la comunidad mapuche de Cushamen, al noroeste de la provincia de Chubut.

En tanto, esta mañana, declararon tres gendarmes ante el juez federal Guido Otranto. Según trascendió, ingresaron vestidos de civil y por la puerta trasera del edificio para evadir a los medios de comunicación que se encontraban en la puerta del edificio.

Además, un funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación entregó los testimonios escritos de otros tres efectivos, luego de una “investigación interna” de esa fuerza.

No obstante, desde la querella consideran que los informes que presenta el Gobierno como “aportes” a la investigación, apuntando a siete gendarmes de los 137 que participaron del operativo represivo del 1º de agosto, carecerían de valor probatorio.