Nicolás Trotta, como titular de la cartera ediucativa nacional, realizó este viernes una presentación ante la Oficina Anticorrupción (OA) para comenzar una investigación en relación a transferencias de recursos estatales por 61.920.462 de dólares en el marco del Programa denominado “3.000 jardines” impulsado en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri, que sólo construyó 107.

La denuncia es por una serie de hechos irregulares que "podrían resultar constitutivos de un delito, y sobre lo que en definitiva deberá expedirse la Justicia", explicó Trotta en una conferencia de prensa.

La información recabada por el Ministerio de Educación a través del rastreo y análisis de más de 480 expedientes administrativos, corresponde a irregularidades en cuatro licitaciones de un total de 17 para la realización de 93 jardines, ninguno terminado.

Según esta información, se evidencia “una falta de correspondencia entre las obras y montos erogados por la contratista frente a las sumas millonarias transferidas a las mismas”.

Uno de los principales puntos de la denuncia apunta a que el 34% del total de las obras licitadas en el año 2016 fueron adjudicadas a la UTE Bahía Blanca Viviendas S.R.L – Escarabajal Ingeniería, consorcio de empresas sobre el que había un dictamen de la Comisión Evaluadora que indicaba no tenía la capacidad operativa para absorber las obras.

Esa UTE recibió transferencias por un importe total de U$S 61.920.462 sobre un total de U$S 92.357.315 que abarcaban los 4 contratos. Ninguna de las 93 obras fue finalizada y por el bajo avance de las mismas, tras dos años de plazo, fueron rescindidas 53 de ellas que se encontraban entre un 50% y un 75% de avance, 19 registraban entre un 20% y un 49% de avance y 2 reconocían apenas un avance inferior al 20%. A su vez, se rescindieron 19 obras de mutuo acuerdo cuyo avance de estado promedio era del 11%.

En la presentación del Ministerio de Educación se detalla que el monto total de los contratos superaba los 90 millones de dólares, y se desembolsaron 62 millones de dólares a lo largo del tiempo, lo que equivale, a la fecha, a casi 6000 millones de pesos. También se indica que más allá del bajo rendimiento de su labor, la UTE adjudicataria de la construcción de los establecimientos siguió recibiendo transferencias monetarias hasta fines del mes de julio de 2018.

Las irregularidades detectadas incluían abandono de las obras, deterioro de lo construido por incidencias climáticas, faltantes producto de vandalismo, cercos perimetrales sin terminar y ausencia de vigilancia y responsables de obra en la mayoría de los casos con la consecuente pérdida de patrimonio para el Estado.

Otro dato –según surge del análisis hecho– se vincula a la modalidad de financiación anticipada por parte del Estado nacional: el anticipo financiero se estipulaba a través de los pliegos como el equivalente al 30% pero luego se sumó la posibilidad, a través de una circular aclaratoria, de solicitar en concepto de acopio de materiales en pie de obra, anticipos sin tope a solicitud de la UTE.

Las multas por incumplimiento, calculada a fines del mes de julio de 2018, ascendían a 78 millones de pesos pero más allá de los informes confeccionados al respecto no existió acto administrativo posterior para aplicarlas. Sólo se aplicaron por aproximadamente 7 millones pesos.

“Cuando asumimos la gestión tomamos conocimiento a través de la SIGEN de presuntas irregularidades en la ejecución de las obras. Nos dimos a la tarea de rastrear y analizar más de 480 expedientes administrativos. Una vez relevada la documentación, verificamos los créditos ante el conocimiento que ambas empresas integrantes de la UTE se habían presentado a concurso de acreedores sin haber informado a la Justicia que el Ministerio era su principal acreedor”, explicó Trotta.