A través de la resolución 1231/19 publicada en el Boletín Oficial, la ministra de Seguridad de la Nación, derogó una serie de medidas que había tomado su antecesora en el cargo, Patricia Bullrich, en relación al manipulación de armas de fuego por las fuerzas federales, entre ellas el uso de la famosas pistolas Taser.

De esta manera,la funcionaria había dejado sin efecto los protocolos que le daban mayor libertad a los uniformados para disparar en casos de delitos graves y persecuciones. Además, convocó a la creación de un consejo de profesionales para determinar cómo serán utilizadas las pistolas Taser compradas por la administración precedente y canceló el Servicio Cívico Voluntario en Valores.

El primer artículo de la Decisión firmada por Frederic estableció la baja del “Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por comunicado de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad”.

La ministra ratificó las normas básicas de actuación que, “consistente con los inicios de proporcionalidad, racionalidad, excepcionalidad y progresividad”, eran utilizadas por los efectivos de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal antes de los cambios implementados por Bullrich.

El reglamento que le daba más libertad a los agentes para disparar en contra de los delincuentes fue implementado por vez primera a lo largo de la Cima del G-20, que se concretó en el 2018 en la ciudad de Buenos Aires. El propósito entonces era proteger a los presidentes que visitaban la capital argentina.

Aunque en un sólo principio se había anunciado que esta medida perdería su vigencia una vez finalizado el partido de mandatarios, el Ministerio de Seguridad, en ese instante a responsabilidad de Bullrich, decidió prorrogarla. Por esta razón, la normativa prosiguió vigente hasta este martes, en el instante Frederic decidió derogarla en una amplia resolución en la que dio marcha atrás con resoluciones que se tomaron en la gestión previa.

Entre los considerandos, el actual Gobierno consideró que ese protocolo ampliaba “de forma significativa aquellas circunstancias que habilitan el uso del armamento letal”, alejándose de las recomendaciones del “Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley”, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Asimismo se dejó sin efecto el polémico “Programa ofensores en trenes”, que entre otras cosas instruye a los efectivos de la Policía Federal para pedirle el DNI a los pasajeros en las estaciones de ferrocarriles, en el caso de que se los considere sospechosos. Esta medida había generado el rechazo de la oposición.