A medida de Cambiemos, la Cámara de Casación decidió que debe investigarse la denuncia de Nisman. La causa quedará bajo la órbita del juez Ariel Lijo, quien ya se había declarado incompetente. Un fin de año judicial redondo para el macrismo.

Cómo se esperaba, la Cámara Federal de Casación Penal integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa, ordenó reabrir la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra el gobierno anterior por el supuesto encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA, posibilitando que la justicia vuelva a juzgar algo ya juzgado, lo que viola garantías constitucionales (nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa).

La Cámara de Casación no conforme con que la acusación de Nisman haya sido cerrada dos veces por inexistencia de delito por el juez federal Daniel Rafecas y por los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, cuestionó a los tres magistrados por resolver de manera “prematura”, “arbitraria” y “parcial”, y reabrió una denuncia clave para el gobierno actual en su persecución contra el kirchnerismo.

Borisky, Hornos y Figueroa se hicieron, así, eco del pedido que este año realizó la DAIA. La aceptó como querellante y avaló el aporte de una grabación de una conversación privada entre el presidente de esa institución y el por entonces canciller Héctor Timerman en el que hablaban al memorando, como evidencia.

Según consigna el portal InfoJusticia, los jueces de Casación hicieron, cada uno, un voto distinto. El que está escrito en los términos más duros es el de Borinsky. Su texto se dedica analizar las decisiones de Rafecas y los camaristas. Les cuestiona, como un dato llamativo, la rapidez. Y le recrimina ,además, que no utiliza la misma vara para analizar los elementos que se le presentan: que no hace lugar a ninguna de las pruebas pedidas por Pollicita pero a la vez admitió una presentación de la ex Procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, donde entregaba material que apuntaba a mostrar que el acuerdo no implicaba el levantamiento de las alertas rojas, algo ratificado por el secretario de Interpol Ronald Noble.

Hornos, dice que hay que investigar a los hechos que involucran a funcionarios públicos porque es un deber hacia la sociedad, que tiene que recibir –en sus palabras– “una respuesta genuina”. Especifica que el análisis tiene que someterse “al tamiz de la expectativa social”. Dice que es “arbitrario” el análisis que hizo la Cámara sobre las supuestas nuevas pruebas. Y que a su modo de ver tanto la grabación subrepticia como la firmeza de la inconstitucionalidad sí son elementos nuevos. La conversación fue analizada, sostiene “de manera descontextualizada y fragmentada”. Hasta dice que los iraníes sabían del diálogo entre Borger y Timerman sin explicar de dónde. Carga las tintas en investigar una supuesta diplomacia paralela, sostiene el portal especializado.

Finalmente, Figueroa señala un punto controvertido, que es que la grabación no tiene origen conocido y el juez de instrucción debería verificarlo. También pone sobre la mesa una discusión muy anterior, que es la duda sobre qué sala de Casación debería intervenir y si hay conexidad con el resto del caso AMIA. Pero de todos modos falla igual que sus colegas excepto en lo que atañe al papel que tendrán los fiscales.

Ahora se supo que el juez federal Ariel Lijo tomará la causa que tiene como objetivos a Cristina Fernández de Kirchner, al ex canciller Héctor Timerman, al diputado Andrés “Cuervo” Larroque y un grupo de personajes secundarios sin cargos públicos.

Así quedó determinado esta mañana tras el sorteo realizado en la mesa general de entradas de la Cámara Federal, con sede en el segundo piso de Comodoro Py 2.002, de esta capital.

Lijo fue el juez que estaba de turno en enero de 2015, durante la feria judicial, cuando el fiscal Alberto Nisman presentó la denuncia. Lijo se declaró incompetente. y luego, tras la feria, recayó el el juzgado de Daniel Rafecas quien, en abril de 2015. la desestimó alegando “inexistencia de delito”.