En el apartado que del informe "El estado del Estado" que elaboró la gestión Cambiemos sobre "la herencia", se hace mención a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). El diagnóstico es contundente. Si bien escasean específicidades, se revelaron numerosas irregularidades en el organismo que estuvo a cargo, entre 2009 y 2015, del hoy diputado nacional Diego Bossio. Se registró un déficit financiero de más de 60 mil millones de pesos, deudas por $ 1.348 millones, contrataciones poco transparentes y arbitrarias, falta de mantenimiento edilicio, proselitismo y desvío de fondos, entre tantos otros puntos.

Sin embargo, desde la nueva dirección del organismo, a cargo de Emilio Basavilbaso, no presentó ninguna denuncia civil o penal al respecto. A pesar de contar con la documentación correspondiente y que, en principio, respaldaría las irregularidades mencionadas, desde el Gobierno no avanzaron por el camino judicial.

Según publicó el portal La Tecla, Bossio evitó la vía judicial a base de un pacto con Mauricio Macri en el que cambió votos y debilitamiento al kirchnerismo por impunidad.

El ex director ejecutivo de Anses acordó romper con el bloque del Frente para la Victoria, restarle representación en el Congreso y, finalmente, votar a favor en las leyes “complicadas”.

La ruptura de Bossio (se llevó con él 11 diputados) se suscitó apenas entrado el mes de febrero, es decir, después del receso y en las puertas del inicio de las sesiones en el Congreso, lo que podría interpretarse como una decisión apresurada. Pero no. Desde el mismo bloque justicialista señalaron que estaba tomada hacía rato; tiempo suficiente para negociar el acuerdo.

“Este es un paso trascendental en el camino para volver a representar a las grandes mayorías populares, como lo hemos hecho a lo largo de gran parte de nuestra historia”, argumentaron desde el nuevo espacio al presentar su renuncia a la bancada kirchnerista.

Las sospechas sobre el acuerdo entre Bossio y el oficialismo cobraron fuerza tras revelarse el famoso “chat de WhatsApp” con el jefe del bloque PRO, Nicolás Massot, en medio de la discusión por el arreglo con los fondos buitre, una normativa que el kirchnerismo no acompañaría bajo ningún aspecto.

A raíz de la polémica conversación, en la que Massot y Bossio hablaban de un acuerdo para votar positivamente el pago a los holdouts, diputados kirchneristas lo denunciaron por cohecho. Sin embargo, no prosperó. “La causa se cerró inmediatamente”, confiaron a este medio, dejando entrever las consecuencias del pacto.

“Bossio arregló irse del bloque y votarle todo a Macri a cambio de que no aparezcan los carpetazos por su gestión en Anses”, dijeron a La Tecla desde el Frente para la Victoria. No obstante, los trapos sucios no sólo se acotarían al mundillo de la previsión social, sino que alcanzarían negocios inmobiliarios que lo vincularían con el ex secretario de Obras Públicas José López. “Bossio tendría una súpercasa en un country muy exclusivo, que se la habría entregado Eduardo Gutiérrez, dueño de la constructora Farallon, dueña de la casa en la que vivía López en Tigre. Dada la íntima relación de Gutiérrez con el macrismo, seguro que ese tema forma parte de los carpetazos ocultos”, señalaron.

Uno de los puntos máximos de inflexión en el apartado de Anses correspondiente al documento “El estado del Estado” fue la contratación de publicidad que “se hacía por fuera del circuito presupuestario normal. Se llegó a una deuda en concepto de publicidad de aproximadamente 800 millones de pesos”, indicaron y, de acuerdo a la nueva dirección, “se comprobó la existencia de sobreprecios en pauta publicitaria tanto en clubes de fútbol como en cartelería en la vía pública”.

Es más, en cuanto a los gastos incurridos en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) se resaltó el financiamiento de “la construcción de una central nuclear, a tasas muy inferiores a las del mercado, así como varios otros proyectos con las mismas facilidades”.

El uso de este fondo para otros propósitos le valió a Bossio una denuncia penal a cargo de Elisa Carrió y Fernanda Reyes por el desvío del dinero de los jubilados hacia otros gastos del Estado. En la presentación pidieron “que se investigue la posible comisión de los delitos de fraude a la administración pública, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos y la violación a la ley del Sistema de Jubilaciones y Pensiones”. Esto, también, quedó en la nada. Nuevamente, el pacto de impunidad