Pasó desapercibido el voto negativo de los Senadores de Cambiemos durante la sesión del pasado miércoles que logró la media sanción del proyecto que establece un cupo laboral en empresas privadas para personas con discapacidad.

33 senadores votaron a favor de la iniciativa, impulsada por los senadores Guillermo Pereyra (MPN) y Nancy González (PJ-FpV), pero 11 senadores decidieron votar en contra del proyecto.

Los senadores Federico Pinedo, Marta Varela, Laura Rodriguez Machado, Luis Naidenoff, Ernesto Martinez, Silvia Giacoppo, Elias de Perez, Julio Cobos, Juan Carlos Marino y Pedro Brailard se opusieron al proyecto que busca insertar laboralmente a personas con capacidades diferentes en empresas privadas. El senador Juan Carlos Romero del bloque Justicialista 8 de Octubre, también votó de manera negativa.

La norma establece que el sector privado deberá incorporar trabajadores con capacidades diferentes, al igual que sucede en la administración pública.

Se contempla la obligación para que las empresas privadas que en su plantel superen los cien trabajadores, ocupen personas con capacidades diferentes -que acrediten condiciones de idoneidad- en una proporción no inferior al 4% del total de su plantilla.

“Hemos visto cómo las empresas rechazan a los trabajadores por el solo hecho de tener alguna discapacidad o deficiencia física”, dijo el senador Pereyra y criticó a los lobbys empresariales “que han trabajado para que éste proyecto no se pueda tratar”. “Y de esa manera, quedarían indefensos los más débiles, que son los que siguen buscando trabajo sin recibir ningún tipo de respuesta del sector empresarial”, remarcó.

El senador neuquino recordó lo que sucede en el Senado de la Nación con este cupo, “donde podemos dar ejemplo sobre de qué forma se debe tratar a las personas con capacidades diferentes, mientras vemos cómo son rechazados desde la actividad privada”.

“La administración pública tiene su cupo, por qué no lo puede tener la actividad privada”, se preguntó durante en el recinto.

La medida busca garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato; y profundiza lo ya previsto para el sector público nacional por la ley 22.431 -de Discapacidad-, que alcanza a las empresas privadas que brinden servicios públicos.

Los porcentajes requeridos deberán ir cumplimentándose a medida que se generen nuevos puestos de trabajo; y su incumplimiento será considerado discriminación en el empleo o en la ocupación, bajo los términos de la ley 25.212 del Pacto Federal del Trabajo.

Por otra parte, sobre tablas se aprobó un proyecto para que las personas con discapacidad tengan acceso gratuito a los espectáculos públicos de carácter artístico, cultural, deportivo, recreativo y turístico que se realicen en dependencias del Gobierno nacional.