El proyecto que establece una reparación económica para los familiares de las 44 víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017, se convirtió en ley, durante una sesión especial celebrada en la Cámara de Senadores de la Nación.

La iniciativa establece que los familiares del personal militar tripulante del submarino ARA San Juan, "tienen derecho a recibir una indemnización por grupo familiar", que será percibida por hijos o hijas en partes iguales y la o el cónyuge, siempre y cuando no hubiesen estado separados de hecho al día de la desaparición del submarino.

El beneficio extraordinario económico es equivalente a la remuneración mensual de los agentes de Nivel A, Grado 0, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), multiplicado por 100.

De acuerdo con los cálculos actuales, ese beneficio superaría los siete millones de pesos para cada grupo familiar.

Asimismo, el proyecto señala que el cobro del beneficio "importa la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios y será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto".

Además, determina que el otorgamiento del resarcimiento "es incompatible con cualquier acción judicial en trámite, de reclamo de daños y perjuicios por parte de los y las beneficiarios y/o beneficiarias".

El proyecto, por otro lado, establece que los familiares de los marinos fallecidos tienen un año para reclamar la indemnización.

La presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Nancy González, cuestionó duramente al Gobierno de Mauricio Macri ya que el submarino desapareció durante su mandato.

"Ese 15 de noviembre de 2017 nuestro país sufrió la mayor tragedia naval en tiempos de paz y hoy no tenemos un responsable. Ojalá la justicia muy pronto falle porque responsables había, desde el Presidente de la Nación y el ministro (de Defensa Oscar Aguad) que en ese momento siguieron en sus puestos, no renunciaron pero se dedicaron a perseguir familiares e intervenir sus teléfonos", aseguró.

González también dijo que el submarino "no fue buscado por mucho tiempo" y que, luego, el rastreo se hizo "de manera irregular". Además, sostuvo que "nunca fue encontrado".

Por su parte, Anabel Fernández Sagasti, aseguró que el Gobierno de Macri "montó un espionaje ilegal a los familiares de los marinos que buscaban justicia" y agregó que "a veinte días de la desaparición del submarino, el Gobierno de Macri sabía dónde había sido la implosión y que, por su magnitud, no había posibilidad de vida"."Esta es una manera de reparar algo que es irreparable. Estoy convencida de que una de las formas es decir la verdad de lo que sucedió. El alma se empieza a reparar cuando hay memoria.verdad y justicia", concluyó.