Tras la decisión de la Justicia de reincorporar a los 357 personas que intentaron ser expulsadas de sus puestos de trabajo en Télam, en el directorio de la agencia de noticias aumentaron las internas y operaciones que comenzó con la filtración de diálogos de WhatsApp, entre los directivos de la conducción de la agencia.

El gobierno denunció la existencia de actos de "espionaje" e informó que ya promovió acciones judiciales para perseguir el delito de violación de una serie de comunicaciones que, entiende, constituyen actos privados.

Dichos mensajes revelan fuertes críticas entre los funcionarios y fuertes diferencias en la conducción del conflicto por los 357 despidos ocurridos en Télam el año pasado.

Los principales funcionarios que se encuentran en el ojo del huracán son la Gerente de Nuevas Tecnologías, Magdalena Cash y el subgerente periodístico, Luis Sartori, quienes fueron apartados de sus funciones hasta que se resuelva de una u otra manera la insólita interna.

En uno de los mensajes que fueron filtrados, Cash aseguró que el directorio de Télam “son unos cobardes”, mientras que Sartori se queja de la existencia de “privilegios” en la agencia durante la gestión de Cambiemos.

Tanto Cash como Sartori acusan al Directorio de Télam, dirigido por Rodolfo Pousá, de no sancionar a los jefes de Economía y Cultura, Ricardo Sarmiento y Maximiliano Tomas, respectivamente, por su insuficiente producción laboral.

En los mensajes publicados se puede escuchar que ambos  jefes de Economía y de Cultura son intocables por las autoridades de Télam y a los que se les acusa de que “se le paga la nafta y se le hacen concesiones para que pueda cobrar su segundo sueldo del Estado”.

"Este accionar implica una violación a mi privacidad por lo que ya inicié las acciones legales correspondientes previa denuncia del caso ante las más altas autoridades nacionales especializadas en ciberdelito", afirmó Cash en un comunicado oficial.

Allí, Cash afirma que los diálogos son apócrifos por lo que la fiscalía interviniente deberá decidir si caratula la investigación por violación de la intimidad o si se trata de determinar eventuales daños de la simulación de conversaciones que no existieron, dos alternativas excluyentes.