Tres de las más grandes empresas de distribución de energía eléctrica del país, están en la mira de la Justicia por la supuesta fuga de unos $ 900 millones entre 2015 y 2019. Se trata de Edenor, Edelap y EDEA, investigadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Según los registros públicos del organismo, al menos dos empresas y una persona que proveían servicios a esas compañías fueron declaradas como “apócrifas”.

Edenor es la mayor distribuidora del país controlada por Pampa Energía, empresa madre del empresario Marcelo Mindlin, amigo del ex presidente Mauricio Macri. Por su parte, Edelap y Edea tienen la prestación del servicio en La Plata, localidades de la costa atlántica y el centro de la provincia de Buenos Aires y son parte del mismo grupo económico, DESA, cuyo titular es Rogelio Pagano, a su vez ex directivo de Edenor y Pampa Energía.

Las tres eléctricas están siendo investigadas por la contratación de un grupo de Pymes para servicios de mantenimiento de instalaciones eléctricas y ejecución de obras, teniendo en cuenta que se habrían usado facturas con sobrecostos o apócrifas, con supuestos fines de evasión o desvío de dinero en negro entre 2015 y 2019.

Una de las hipótesis de la investigación es que este circuito serviría para evadir impuestos y fugar divisas del país. Edenor, Edelap y EDEA niegan haber sido parte de este supuesto desvío de fondos.

La decisión de ingresar a algunas de estas firmas en el registro de apócrifas de la AFIP significa que para el fisco estas sociedades anónimas emitieron facturación falsa y no tienen la capacidad de brindar los servicios que facturaron a las compañías de energía eléctrica.

De acuerdo a lo que pudo establecerse hasta ahora, el grupo de Pymes contradadas por Edenor, Edelap y Edea entre 2015 y 2019, eran controlados por las mismas personas para realizar trabajos menores en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia: pozos, cableado y reparación de veredas, entre otros servicios. En ese lapso de tiempo, este grupo de pequeñas empresas habría permitido fugar del sistema al menos unos $ 900 millones.

No todas las compañías investigadas están registradas como “empresas fantasma”. Otras están catalogadas por el fisco como “usinas mixtas” de facturas truchas. Es decir, son empresas reales, pero parte de su negocio es facturar con sobreprecios. Fuentes judiciales precisaron que facturan por cien cuando en realidad están vendiendo por 10, por ejemplo. ¿A dónde van los otros 90? Regresan en negro al cliente que pagó cien en blanco. Tanto Edenor como Edelap y EDEA negaron ser parte de estas maniobras.

Mientras tanto, la Justicia espera el informe final de la AFIP para determinar el grado de responsabilidad de estas tres importantes compañías eléctricas. Además, el juez del caso, Emiliano Canicoba, titular del juzgado federal número 1 de San Martín, ordenó al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y a la Secretaría de Energía que analicen el flujo de los subsidios al consumo de energía eléctrica para intentar determinar si la maniobra de desvío habría incluido fondos públicos.