En febrero la Cámara Federal tendrá que resolver si ordena investigar al presidente de la Nación, Mauricio Macri, por el presunto precio artificial del dólar que se fijó por la emisión de deuda externa y Lebacs, lo que habría resultado perjudicial para la economía.

La denuncia había sido presentada por un grupo de diputados del Frente para la Victoria por la elevada emisión de LEBAC en detrimento de las arcas del estado, contra el Presidente de la Nación y su equipo y fue impulsada en su momento por la fiscal Paloma Ochoa.

La fiscal Ochoa pidió el 7 de diciembre investigar el caso pero 10 días después el juez Rafecas desestimó el planteo.

El magistrado había considerado que la cuestión estaba relacionada con la política económica del actual gobierno, específicamente, con la estrategia del gobierno de sostenimiento de la cotización del peso frente al dólar mediante la emisión de LEBACS por parte del Banco Central, así como también mediante el endeudamiento externo.

Según Rafecas el caso no era susceptible de investigación porque la decisión sobre las Lebacs y la emisión de deuda es una facultad del Gobierno y se trata de "cuestiones políticas no judiciables".

En consecuencia Ochoa respondió argumentando que en este caso lo que se debe investigar es "una presunta política monetaria abusiva decidida por funcionarios públicos, que extralimitándose en sus funciones, manipularon el valor real –fijado por el mercado– con el objeto de perjudicar las arcas del estado nacional en beneficio de determinados grupos económicos".

Además remarcó que  "habrá de ser juzgada necesariamente a la luz de los lineamientos" que dispuso la Cámara en la causa del dólar futuro.