La madre de la menor de 12 años violada en Jujuy, a quien se le obstaculizó la Interrupción Legal del Embarazo y finalmente (ILE) se le practicó una cesárea, presentó un recurso formal para pedir la remoción del ministro de Salud de esa provincia por sacrificar “la intimidad, la libertad, la dignidad y la salud integral” de la menor.

El pedido contó con el aval de más de 2000 firmas, entre organizaciones de mujeres y de derechos humanos. “No fue ILE, fue tortura”, denunciaron desde la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Jujuy.

El pedido formal de remoción por incumplimiento de los deberes de funcionario público fue presentado con el aval tanto de organizaciones de mujeres y de derechos humanos, como de particulares. La principal denuncia contra el ministro Gustavo Bouhid es que violó el derecho a la privacidad y la intimidad de la paciente y el secreto profesional.

“El ministro de Salud Dr. Bouhid, difundió ilegalmente –sin el consentimiento de la niña ni de su familia– en medios periodísticos gráficos, radiales y audiovisuales provinciales y nacionales el cuadro clínico de la paciente, el procedimiento médico que se llevaría a cabo, el horario de la intervención quirúrgica, las condiciones de su salud previas y posteriores al curso de acción terapéutico consentido”, sostiene el pedido.

El funcionario dió a conocer ante los medios que había nacido "viva" la bebé que llevaba gestando la menor de 12 años producto de una violación y cuyo abusador se encuentra detenido desde el 12 de enero cuando se radicó la denuncia. 

Bouhid ýa se había expresado en contra de la Interrupción Legal del Embarazo y "a favor de las dos vidas". También lo hizo el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, quien habló sobre el destino de ese bebé al confirmar que había "una familia importante" interesada en adoptarla, eludiendo completamente el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos que tiene alcance nacional.

El pedido de remoción también remarca que la intervención del ministro significó un “doble incumplimiento de funcionario público”. “Por un lado, porque viola los derechos humanos a la privacidad y dignidad, pero por el otro lado porque desconoce los límites de la propia incumbencia y el saber médico que como profesional de la salud y funcionario estatal debiera dominar para no transgredir en sus funciones”, sostiene el escrito.

“El caso de esta niña nos conmovió a todas y el movimiento de mujeres va a estar haciendo todo lo posible para que se garantice la ILE en la provincia. Vamos a luchar por la ILE pero también por la ley de Educación Sexual Integral, que acá en Jujuy prácticamente no existe”, explicó a PáginaI12 Erica Cari, integrante de la Red de Comunicadoras Feministas y de la Campaña Nacional de Jujuy.

 “Vamos a exigir que se respete la interrupción legal, que no medien otras instancias y que se respete el fallo de la Corte. También vamos a pedir la renuncia de toda la línea de funcionarios que no han estado a la altura de la situación y que llevaron a este desenlace: una niña con una marca y un cicatriz de por vida.  A fin de cuentas no terminaron salvando a nadie: el recién nacido también sufrió una situación de tortura agonizando por cinco días”, opinó Cari.

En los próximos días, las organizaciones convocarán a una conferencia de prensa, una marcha federal y presentarán una denuncia penal contra el ministro de Salud de la provincia. Entre los derechos vulnerados en este caso enumeran la falta de acceso a la salud que sufrió la niña, la tortura, la obstaculización de la ILE cuando había dos causales, el incumplimiento de deberes de funcionario público y el incumplimiento de confidencialidad. También anticiparon que presentarán un amparo preventivo para evitar que se dilate la aplicación del protocolo en un nuevo caso de aborto no punible.

“Aplicar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hubiera evitado la agonía que esa recién nacida padeció además de la maternidad forzada a la que se obligó a la niña de 12 años en Jujuy”, criticaron desde la Campaña de Jujuy, una de las organizaciones centrales de la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Desde la Campaña repudiaron “el sufrimiento vivido por la niña y la recién nacida fallecida” como consecuencia del “capricho de sectores conservadores que jamás acompañaron a la familia”. “Todo esto es fruto de la irresponsabilidad del ministro. Se torturaron dos vidas. No cumplió ninguna Ley. Exigimos renuncia”. 

Fuente: Diario Registrado