Una consulta popular y una reforma en el código penal son las principales alternativas que en estos momentos se barajan para que el proyecto de la legalización del aborto no deba esperar un año más para que se vuelva a discutir en el Congreso.

El proyecto que legaliza la interrupción voluntaria del Embarazo no se podrá volver a discutir hasta el año que viene. Ante este panorama se podría incluir la legalización del aborto en la reforma del Código Penal, la cual será enviada este mes al Congreso.

De ese modo no habrá que esperar al próximo tratamiento con fecha incierta para avanzar en ese paso, aunque la asistencia médica garantizada por parte del Estado quedaría limitada a los casos de violación y riesgo de vida de la mujer.

En ese sentido, El diputado nacional de Cambiemos, Daniel Lipovetzky, sostuvo que ante el rechazo del Senado al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, una de las alternativas que barajan los legisladores que impulsan el proyecto es "una consulta popular vinculante".

"Cuando la representación parlamentaria está dividida porque una cámara votó de una manera y la otra cámara votó de otra, el recurso de una consulta popular podría ser una buena opción y hay que analizarla”, explicó el diputado en declaraciones a FM Raíces.

Con anterioridad, el legislador había manifestado: "Si algunos senadores piensan que el proyecto es malo pueden modificarlo, lo que no pueden hacer es rechazarlo porque es elegir que todo sea igual”, atacó contra propios y extraños.

"Si los senadores rechazan la ley de Aborto Legal significa que no quieren que cambie nada y eso es que se sigan haciendo miles de abortos clandestinos por año y no resuelvan un problema de salud pública", remató en declaraciones a FM La Patriada.

Las consultas populares vinculantes puede ser convocadas por iniciativa de la Cámara de Diputados y, según la legislación, debe "tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada una de las cámaras". El voto de la ciudadanía es obligatorio y es válida siempre y cuando emitan su voto, como mínimo, el 35% de la población. Si en esas condiciones, la mayoría de votos afirmativos triunfa, lo votado "se convertirá automáticamente en ley".