El fiscal federal Carlos Stornelli requirió la investigación de supuestas irregularidades en la ejecución de un acuerdo entre el Estado Nacional y Autopistas del Sol, en la que aparecen involucrados el presidente de la Nación, Mauricio Macri; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel.

La denuncia en el fuero penal fue realizada por los diputados Rodolfo Tailhade, Leopodo Moreau, Adrián Grana y Carlos Castagneto (Frente para la Victoria) y la causa se tramita en el Juzgado Federal N° 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral.

Según los denunciantes, tres días antes de que Macri asumiera la Presidencia de la Nación, Ausol -a través de su controlante española Abertis- simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el CIADI por más de 1.100 millones de dólares por supuestos atrasos tarifarios, que sólo buscaba la justificación para propiciar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización estaba prevista para 2020, según informó La Tecla.

Los legisladores marcaron que por decisión de Dietrich e Iguacel, y sin que existiera ningún dictamen, auditoría o informe económico financiero sobre la operación de Ausol y descartando las numerosas defensas que podían alegarse ante el CIADI, el gobierno dispuso arreglar por la suma de 499 millones de dólares. “Constituye un despojo al patrimonio público que debe ser investigado por la justicia penal”, adujeron los legisladores del bloque FpV-PJ-Unidad Ciudadana.

El gobierno renegoció el contrato con la firma y lo extendió hasta 2030, más una suma de dinero. A cambio le pidió dejar sin efecto el juicio iniciado ante el CIADI por más de 1000 millones de dólares. Para el FpV, esa presentación fue simulada.

Ausol, que opera en un tramo de 120 kilómetros del Acceso Norte, fue una de las históricas empresas del Grupo Macri, hasta que a mediados de 2017 el grupo vendió sus acciones luego de que estas aumentaran 400% desde la asunción de Macri y en medio del proceso de “arreglo” con el Estado Nacional.

Stornelli también pidió que se investigue una maniobra similar con el Grupo Concesionario del Oeste (GCO), que opera el Acceso Oeste, que se llevó 245 millones de dólares del Estado.