(Por Eduardo Porto) Es por el convenio que acelera la aprobación de patentes de ese país, en Argentina, y que derogaría "de hecho" la Ley nacional que regula el precio y la disponibilidad a medicamentos esenciales para la población. Denuncian "Defraudación al Estado Nacional en beneficio de corporaciones monopólicas".

"Defraudación" y "Negociaciones incompatibles con la función pública" son los fundamentos de la denuncia presentada ante el juzgado federal del Juez Sebastián Casanello, a principios de abril, y que tiene en la mira el accionar de cinco altos funcionarios del gobierno nacional, a partir de la firma del acuerdo "piloto" rubricado, en febrero, entre el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) y la oficina de patentes de Estados Unidos (USPTO).

La denuncia penal, realizada por Fernando Miguez, solicita, en principio, una medida cautelar que suspenda el acuerdo hasta que se investigue las supuestas irregualaridades en el accionar de los funcionarios nacionales y las incompatibilidades que la rúbrica tiene con la Ley Nacional de Medicamentos y Patentes.

Los nombres apuntados en la demanda penal son Carlos Grosso, sindicado asesor del presidente Mauricio Macri; el Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, junto a dos de los principales asesores de su área, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana; y el Director del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, autor de la firma del acuerdo, Dámaso Pardo "por la probable comisión de los delitos tipificados en los artículos 210, 174, 248, 249 y 265 del Código Penal, artículo 2 y concordantes de la ley 24.769".

PRIMEREANDO dialogó con Fernando Miguez, quién recalcó que el acuerdo "deroga de hecho" la Ley de Patentes argentina afectando el precio, la disponibilidad y el acceso a medicamentos esenciales para la población, en favor de las patentes ilegítimas de las corporaciones farmacéuticas multinacionales".

La demanda se afirma en dos ejes. Por un lado la vulneración de la Ley que reglamenta, en términos de Derecho, las condiciones de accesibilidad económica y sanitaria de los ciudadanos a una salud básica.

Es que, a nivel mundial, el 60% del mercado de medicamentos está controlado por diez empresas, que marcan pauta de precios monopólicos amparados en la propiedad intelectual. Esos precios son, de hecho, hasta 12 veces mas onerosos en ocasiones, que el valor del mismo medicamento, producido en el país.

Es por eso que, tras la crisis del 2001, la Ley de Medicamentos ampara a los laboratorios nacionales a producir y comercializar los denominados medicamentos "genéricos". Este procedimiento se lleva a cabo, al vencer la patente de los laboratorios trasnacionales, que se estipula entre los 10 y 20 años.

Y es aquí donde nace la sospecha sobre el acuerdo, ya que podría beneficiar a los laboratorios multinacionales al facilitar la extensión sobre las patentes que ya poseen las extranjeras, mediante un ardid conocido como “patent evergreening” (patentes “siempre verdes”) que perpetúa indefinidamente sus derechos exclusivos de comercialización sobre un medicamento, impidiendo la producción de genéricos y ampliando su posición monopólica en el mercado.

El otro eje es la implicancia de los funcionarios denunciados como empresarios del sector.

"Los Denunciados a través de su Impunidad y su Poder Dominante como Funcionarios del Gobierno Nacional han Perfeccionado la forma y la manera que les permitirá llevar a cabo este “PLAN SISTEMICO” que tiene como fin último DEFRAUDAR AL ESTADO NACIONAL y busca el solo beneficio económico y financiero de quienes aquí denunciamos, ellos hacen prevalecer sus intereses personales (el negociado) sobre el bien común y las arcas del Estado, lo cual se traduciría en pocos meses en un Mercado de Medicamentos manejado a su antojo y según los negocios que los Grupos hegemónicos han de esta forma planificado", expresa la denuncia.

Sin embargo el denunciante no es el único que se ha expresado en este sentido, ya que desde ALIFAR y desde la Unión Industrial Argentina (UIA) ya habían manifestado su desconfianza sobre el convenio, apuntando que la rúbrica podría convertir al país en punta de lanza para imponer “vías rápidas de patentamiento” en América Latina.

De hecho, este no es el primer acuerdo que Estados Unidos firma, a través de su oficina de patentes y marcas, con un país latinoamericano. En julio de 2015 la USPTO estableció el mismo convenio con el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) que se extiende hasta el 30 de junio de 2018.

Otro de los ítems de la demanda presentada la semana pasada subraya que el Convenio bilateral es presentado como "Programa Piloto" para "evitar que deba ser tratado por el Congreso Nacional".

Sobre ese punto, de hecho, había manifestado, ya, su malestar, el Secretario General de Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas, Rubén Abete, al referirse a la nula publicidad del acuerdo por parte de las oficinas estatales: “Nosotros nos enteramos de este acuerdo por la página de la USPTO ya que el INPI no brindó ninguna información”.

Para Miguez "la violación en la derogación de una Ley Nacional como excusa en la preparación de un Plan Sistémico, es un ardid para lograr el objetivo principal que no sería otra cuestión que defraudar al Estado Nacional en beneficio de las Corporaciones Monopólicas como serían los laboratorios extranjeros mediante la implementación en el manejo de costos y precios".

"De esta manera se promueven los monopolios que permiten a las empresas multinacionales fijar arbitrariamente precios extorsivos por los medicamentos, algunos de los cuales como en el caso de antirretrovirales y tratamientos para la tuberculosis, vienen acumulando denuncias de faltantes desde hace meses en los tres subsistemas de salud del país (público, obras sociales y de medicina prepaga).", marca uno de los pasajes de la denuncia.

De acuerdo a la presentación, los denunciados deben ser imputados por los delitos de estafa en perjuicio del Estado nacional, violación a los deberes de funcionario público y abuso de poder, entre otras figuras.

El programa piloto de PPH comenzó el 3 de marzo y se extendería por el plazo de tres años, hasta el 2 de marzo de 2020, y ya contempla la capacitación del personal del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI).

La denuncia contra los funcionarios del macrismo refuerza la posición de las entidades locales y supranacionales que amparan los intereses empresarios de la industria farmacéutica latinoamericana. Las cuales, vía Mercosur, ALIFAR, la UIA y la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) ya habían manifestado su preocupación por lo que consideran que será el inicio de un nuevo y perjudicial capítulo en su desequilibrada relación entre la industria farmacéutica nacional y los laboratorios multinacionales.

MEDICAMENTOS DENUNCIA