La fiscal de instrucción Silvana Russi pidió las declaraciones juradas presentadas por el jefe de Estado y la primera dama, entre los años 2010 y 2015, cuando se desempeñó como jefe de Gobierno de la Ciudad y tras asumir la Presidencia de la Nación.

La fiscal está a cargo de la investigación de una denuncia hecha Gabriela Cerrutti y por un abogado particular, quienes acusaron a Mauricio Macri de omisión maliciosa en la declaración de sus bienes, al comparar las distintas presentaciones juradas efectuadas en el ámbito de la Ciudad y luego en la Nación.

Esa causa se inició también por omisión maliciosa de bienes, pero luego se amplió a maniobras de lavado de dinero a raíz de dos sociedades, una radicada en Panamá y otra Bahamas, que integra el padre del Presidente, Franco Macri, pero del que se sospecha que el mandatario habría tenido participación.

La investigación federal está en un limbo, ya que Sebastián Casanello la partió, enviando un tramo al fuero en lo penal económico y otro al de instrucción que lleva adelante la fiscal Russi por omisión maliciosa de bienes.

No obstante, la decisión de Casanello fue apelada por el fiscal Federico Delgado y será la Cámara Federal la que diga si se acumula a ésta que lleva adelante el fuero de instrucción o la Justicia Federal investiga en paralelo.

La denuncia de Cerruti apunta a inconsistencias, luego de comparar las declaraciones juradas del Presidente presentadas en la Ciudad y la Nación.

Entre las diferencias denunciadas están el detalle de algunos bienes del Presidente y su patrimonio: en la presentación hecha en junio de 2015 respecto del año anterior en la Ciudad registraba un saldo de 68 millones de pesos, mientras que en el ámbito porteño la misma señalaba 52 millones.

Rucci, la fiscal que tiene delegada la causa, pidió a la Secretaría de Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que informe la normativa legal de funcionarios para presentar declaraciones juradas patrimoniales entre 2010 y la actualidad.

A la vez, solicitó las declaraciones juradas de Macri y Awada entre 2010 y 2015 que fueran presentadas ante el Gobierno de la Ciudad, la AFIP (incluido el impuesto a las ganancias y sobre bienes personales de ambos), y las hechas ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Por otra parte, reclamó documentación al Gobierno de la Ciudad anexa al expediente "Caputo S.A.I.C,F", a raíz de que el empresario hizo un préstamo de dinero a su amigo Macri, pero también por sospechas de irregularidades en las licitaciones que aquel ganó para obra pública en la Capital