El ex director de la Agencia Federal de Inteligencia publicó un comunicado y acusó ser víctima de "espionaje político". Anticipó que iniciará acciones contra Lorenzetti, Arribas, Lijo y Marijuan.

El ex director de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Oscar Parrilli, se defendió públicamente a través de un comunicado después de que se difundiera un audio en el que se lo escucha hablar con la ex presidenta de la Nación.

"La escuchas no tienen por objetivo buscar la verdad en ninguna causa judicial, sino pura y expresamente realizar un espionaje político sobre la Ex Presidenta Cristina Fernandez de Kirchner", advirtió Parrilli a través de una carta.

Asimismo, el ex funcionario afirmó que "este escandaloso espionaje político está siendo realizado por expresas directivas del presidente Macri". Y sumó: "Estamos asistiendo a una suerte de Watergate autoctono, con la activa participación de ex agentes de Inteligencia y la complicidad de jueces federales, que utilizan causas judiciales truchas o pre-causas para justificar intervenciones telefónicas de dirigentes opositores".

Para Parrilli, "no sólo están espiando a la oposición sino que en su sistema de jueces que pasan las grabaciones a programas periodísticos (con aval del gobierno) les están enviando un mensaje mafioso a la oposición". Asimismo, apuntó que iniciará acciones legales contra el presidente de la Corte suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, el titular de la Agencia Federal de Investigaciones, Gustavo Arribas, el juez Ariel Lijo y el fiscal Guillermo Marijuan por ser responsables de la custodia del audio.

Por último marcó que éstas grabaciones fueron realizadas por la A.F.I. "cuando lo normal y legal era que debia hacerla directamente el personal propio de la dependencia encargada ( Ex. Ojota) . Y señaló que "resulta significativo que dichas conversaciones no tuvieran el código de seguridad que permite que cada grabación y cada copia tenga identificado al funcionario judicial que se le entregó para garantizar la no utilización ilegal y poder determinar cuando la grabación sale a los medios a que funcionario judicial o del Poder Ejecutivo correspondía dicha copia".