El Ministerio de Desarrollo, que conduce Carolina Stanley, busca postergar el fallo de la Justicia que le ordenó restituir 126 mil pensiones por discapacidad que eliminó en los últimos dos años. Adjuntó un listado en el que indica que ya recompuso 9700 pensiones, el 7% del total dado de baja.

Las acciones del Ejecutivo nacional van a contramano de su discurso público, en el que señaló que se trató de un "error" la quita de más de 100 mil beneficios a personas con discapacidad. Lejos de ser un equivocación, fue una política pública. Así queda demostrado en las sucesivas presentaciones judiciales que buscan postergar cualquier restitución de beneficios. Surge una pregunta básica: ¿Si fue un error, por qué apela la decisión de la Justicia que le permitiría enmendarlo?

Por su parte, la Asociación REDI (Red por Personas con Discapacidad), que promocionó la medida cautelar, elevará en las próximas horas su descargo para pedir que “se rechace el planteo dilatorio presentado por el Estado” y se establezca un plazo perentorio de 48 horas para su cumplimiento “bajo apercibimiento de sanciones conminatorias para la ministra”, según reseñó Página 12.

Además, desde el área de Discapacidad de ATE Estatal subrayan que el plan del Gobierno macrista va más allá de las 100 mil pensiones dadas de baja. En un comunicado advirtieron que en realidad la administración de Cambiemos busca imponer un nuevo paradigma para otorgar beneficios que afectará a 600 mil personas.