El Monotributo Social Agropecuario (MSA) fue creado en el año 2009, bajo la presidencia de Cristina Fernandez de Kirchner, estableciendo que es el Estado Nacional quien asume el pago del 100% del aporte. Ello implaba un costo cero para los productores y trabajadores inscriptos en el RENAF (Registro Nacional de la Agricultura Familiar.

El 100% del aporte del MSA está cubierto por un 25% a cargo de AFIP, 50% a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y un 25% a cargo del Ministerio de Agricultura. De acuerdo a los últimos datos oficiales en la actualidad existen 53.000 monotributistas sociales agropecuarios.

El aporte del MINAGRI por los 53.000 MSA y los 55.000 adherentes a obra social es de 30 millones de pesos mensuales, lo que equivale anualmente a 340 millones de pesos para mantener en la economía formal a 53.000 trabajadores y sus familias de la agricultura familiar.

La Resolución del Gobierno de Cambiemos no hace otra cosa que confirmar la voluntad política del gobierno nacional de desmantelar el MSA, que hace ya más de un año no registra nuevos inscriptos. En este caso, la medida establece que se unificará el MSA con el Monotributo Social bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.

Ello no sólo implica que se pierde la especificidad propia de una política de la agricultura familiar sino sobre todo que los trabajadores deberán hacerse cargo del 25% del aporte que correspondía al Ministerio de Agroindustria. Se trata de $ 268.18 que deberán correr por cuenta de los trabajadores de la agricultura familiar.

Se trata de una población dispersa geográficamente, que se encuentra en muchos casos en condiciones mínimas de subsistencia (facturación de 6.000 $ mensuales), poseen ingresos estacionales y en su mayoría se encuentran alejados de los centros urbanos, con dificultades de acceso a información, transporte, medios de comunicación, herramientas electrónicas de pago, de trámites, etc.

El conjunto de organizaciones de la Agricultura Familiar ha rechazado la medida por considerarla un ajuste que pone en riesgo las condiciones de vida de miles de trabajadores.

En el Congreso Nacional el Frente para la Victoria ha tomado la iniciativa y promovido a través de la Comisión de Control y Seguimiento de Normas Tributarias presidida por la Diputada Nacional por Misiones, Cristina Britez, la citación al Ministro de Agroindusria (Miguel Etchevere) y del Secretario de Agricultura Familiar (Santiago Hardie) para dar explicaciones.

En declaraciones a este medio la Diputada Nacional, Cristina Britez afirmó que la resolución “es un ejemplo claro de Macrismo explícito: con la subida del dólar y quita de retenciones, los grandes siguen multiplicando sus ganancias, mientras que a los pequeños productores los dejan desamparados quitándole el monotributo social."

Por su parte el Diputado Nacional del FPV-PJ por la provincia de Corrientes, José Ruiz Aragón, destacó que “el Gobierno sabe la dificultad que tienen los productores familiares que producen en el monte chaqueño, en nuestros esteros, en la Patagonia o en la Puna para acercarse a alguna de las pocas delegaciones a volver a inscribirse” y agregó que “desde nuestro bloque exigimos

que den la cara y que vengan a Diputados. Queremos preguntarles porqué del plazo mínimo que les dan para inscribirse, porqué estos trabajadores y trabajadoras tienen menos de un mes para reempadronarse o sino quedan afuera del sistema, sin poder facturar, sin obra social, sin jubilación. El objetivo que buscan es ajustar, otra vez, a los que menos tienen”.

En efecto, quienes no se reempadronen quedarán AFUERA del sistema MSA y los que se re empadronen continuarán hasta el 31 de dic el Estado Nacional baja las mismas condiciones, pero a partir del 1 de enero de 2019 cada efector deberá pagar la parte que abonaba el MINAGRI.

Desde las organizaciones del sector afirman que no hay tiempo para que los destinatarios tomen conocimiento de la medida, que no se dispuso la realización de operativos territoriales ni logística para alcanzar al conjunto de los destinatarios y que no se ha establecido ningún tipo de prorrogas. Además, y en sintonía con el ajuste general sobre el presupuesto nacional las Oficinas Provinciales de la Sec. de Agricultura Familiar están desfinanciadas y no solo no tienen la voluntad política, sino que tampoco cuentan con los recursos realizar una campaña de este tipo.

Es prioritario que, en el actual contexto de recesión, devaluación, aumento de la desocupación, destrucción del poder adquisitivo y paralización de todas las economías regionales, los 268 pesos por mes que deberían comenzar a pagar resultan impagables para la mayoría de los 53.000 MSA.

Es necesario garantizar estos derechos en tanto contribuyen a asegurar la soberanía y la seguridad alimentaria de todos los argentinos, dado que este sector es fundamentalmente productor de alimentos que se consumen en el mercado interno.