En el marco de la causa que investiga la muerte de Santiago Maldonado, el Estado argentino fue denunciado ante la CIDH por “persecución” y “criminalización” de testigos y abogados, a los que el Ministerio de Seguridad y la Gendarmería acusan de falso testimonio y señalan como integrantes de una presunta asociación ilícita.

Ante la denuncia que Gendarmería realizara contra los testigos que habían responsabilizado a la Gendarmería Nacional, que comandan Mauricio Macri y Patricia Bullrich, por la desaparición de Santiago Maldonado, el Estado es nuevamente denunciado ante la CIDH por “perseguir” y “criminalizar”. La presentación ante el organismo de Naciones Unidas fue realizada por los abogados Fernando Cabaleiro y Carlos González Quintana, de la organización Naturaleza de Derechos. Son los mismo que meses atrás promovieron la primer medida cautelar contra el Estado en el marco de la desaparición del joven. En aquella ocasión, el Gobierno fue acusado de plantar hipótesis falsas, como que Maldonado estaba en Chile, o que había sido herido por un puestero de Benetton. Ambas hipótesis fueron desmentidas durante el proceso, que culminó con la instalación de que Maldonado se ahogó y la fuerza de seguridad que lo perseguía junto a un grupo mapuche no es responsable de nada, aún cuando la causa seguía caratulada como desaparición forzada.

Además, los abogados de Naturaleza de Derechos indican en su presentación que la CIDH ya había exigido al Gobierno de Macri que investigara "de manera exhaustiva las circunstancias que dieron lugar a la muerte del propuesto beneficiario", orden que la Argentina ha incumplido. "El Estado ha hecho no solo caso omiso a ese pedido de la CIDH, sino todo lo contrario, ha perseguido penalmente a los testigos con imputaciones vagas por hechos que refieren a protestas reclamando sus derechos de pueblos originarios y la detención arbitraria del Lonko Jones Huala y el de falso testimonio, en plena investigación penal sobre la muerte de Santiago Andrés Maldonado. Es más, ha profundizado su proceder persiguiendo a los defensores de derechos humanos y es lo que motiva nuestra denuncia urgente ", señalaron.

Más adelante, los abogados advierten que “la denuncia penal del Estado Argentino a través de una de sus fuerzas, Gendarmería Nacional (miembros de la cual aún sigue siendo investigados), es claramente persecutoria y pretende criminalizar un obrar absolutamente legítimo que representa el ejercicio de un derecho humano reconocido en la Constitución Nacional y Convenios internacionales de Derechos Humanos, como el de peticionar y denunciar la violación de derechos humanos”.

Además, Cabaleiro y González Quintana señalan que ante las denuncias, desde Cambiemos se trata de dar a los abogados defensores de derechos humanos el carácter de “enemigos del Estado”. Se intenta, así, desde el propio Gobierno invertir las responsabilidades. Es una “estigmatización a través de la manipulación de los procesos penales”, advierten. Los abogados piden una intervención urgente, porque ven en peligro su libertad de “ejercer plenamente el derecho de abogar como abogados defensores de derechos humanos” y su “libertad personal, a partir de los delitos que se les atribuyen y en un país donde está en boga una dura doctrina.